La diputada de Més Margalida Capellà está a punto de consensuar con el resto de formaciones políticas de la cámara la llamada Ley de Fosas, de la cual es ponente, que debe permitir la exhumación de los represaliados durante la Guerra Civil. El objetivo es que se apruebe por unanimidad durante este mes de mayo. Para ello, el Pacto aceptará un cambio de denominación de la norma propuesto por los populares. Pasará a Llamarse Ley para la Recuperación de desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

"Confío en que se pueda aprobar por unanimidad y que se pueda poner en marcha todo el proceso para la apertura de las fosas. Estamos en fase de enmiendas y se aceptarán muchas de las propuestas de la oposición", indicó Capellà.

En las enmiendas del PP también se pide añadir algunos términos en la ley. Uno de ellos es que cuando se enumeren los enclaves de las fosas, también se añadan "los lugares donde desaparecieron personas de forma violenta por razones de ideología, políticas o religiosas".

Otra de las propuestas del PP está dirigida a la señalización de las fosas exhumadas: "Señalización de los lugares donde se produjeron muertes violentas. Las administraciones públicas competentes, a fin de recordar a las personas que sufrieron persecución y violencia por razones ideológicas, políticas y religiosas, promoverán la señalización de los lugares donde se produjeron muertes violentas, con inscripciones de recuerdo que promuevan y invoquen la reconciliación, la concordia y el pluralismo político".

Por su parte, El Pi pidió que en la comisión técnica esté presente un miembro de la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB). Ciudadanos presentó varias enmiendas, una de ellas solicita que se suprima el artículo de la señalización de las fosas. En otra propone eliminar la consideración de las desapariciones forzosas como crímenes contra la humanidad.

Con la nueva norma que podría aprobar el Parlament a finales de este mes, el Govern se podrá personar ante la Fiscalía para exigir al ministerio de Justicia la reapertura de las fosas comunes de la Guerra Civil en Balears y la realización de las pruebas de ADN de los cadáveres. La conselleria de Participación y Cultura tendrá las competencias en esta materia.

Desde el momento en que los familiares inicien un procedimiento judicial, el Govern tendrá la potestad para realizar una personación pública y apoyarles. Ello permitirá que sea el ministerio de Justicia quien asuma la realización de las pruebas de ADN para identificar a los cadáveres, una vez cotejadas con las de sus familiares vivos. Este tipo de pruebas con tejido óseo tiene un elevado coste, alrededor de uno 3.000 euros cada analítica. No obstante, en la actualidad existen métodos más modernos con un coste mucho menos elevado, que podría ser asumidso perfectamente por el Gobierno central a través del ministerio de Justicia. Para ello, será fundamental la personación pública de la máxima institución de Balears.

La nueva ley también contemplará la fórmula de coordinación entre instituciones para acometer los trabajos. Hay que tener en cuenta que muchas de las fosas comunes están ubicadas en cementerios que son de titularidad municipal y se deberá contar con la colaboración del ayuntamiento correspondiente. La ley propone la firma de convenios entre Govern y ayuntamientos. Asimismo, se pretende que los arqueólogos del Consell y municipales puedan participar en las minuciosas excavaciones para exhumar unos cuerpos que llevan 80 años enterrados.