Los tres altos funcionarios de la conselleria de Turismo imputados en el caso Rocamar que denostaron a posteriori la tasación del viejo hotel en Sóller en unos 300.000 euros la habían seleccionado previamente entre una terna como "la más adecuada" para que el Govern negociara la compra. El entonces conseller Carlos Delgado se apoyó en ésta su cúpula funcionarial para justificar los casi 700.000 euros públicos que finalmente hubo de sobreprecio, según el peritaje.

Un juez de Palma y la Fiscalía Anticorrupción investigan ahora si Bernardino Seguí, jefe del servicio técnico de la Conselleria; Bartomeu Alcover, jefe de servicios comunes, y Pep Oliver, jefe de los servicios jurídicos, se confabularon con su compañero de trabajo José Francisco Enseñat, jefe de servicio de la inspección y estrategia turística, que resultó beneficiado por la compraventa del viejo hotel, motivando un presunto pelotazo urbanístico con fondos del Govern.

Antes de adquirir el Rocamar para el esponjamiento de la zona turística de la playa den Repic, en el Port de Sóller, Turismo solicitó tres dictámenes independientes. El 28 de febrero de 2012, en una de las reuniones internas para tratar la adquisición, el entonces director general de Turismo del Govern, Jaime Martínez -también imputado en esta causa- informó de las valoraciones: La empresa Sociedad de Tasación, S. A. fijó un coste de 1.561.000 euros. La consultoría Tinsa facilitó tres supuestos que iban desde el millón y medio a los cuatro millones de euros. En tercer lugar, el dictamen del arquitecto Pere González Nebreda determinó que el valor de los solares del hotel abandonado era de 284.631 euros. Dejó claro que habían de deducirse los gastos de demolición del inmueble, unos 687.000 euros, al encontrarse éste en "ruina física" y tener que ir "obligatoriamente" a cargo del vendedor.

Ante la disparidad de las valoraciones, el conseller Delgado propuso que se emitieran informes técnicos y jurídicos para pronunciarse sobre cuál era la más adecuada, recalcando que era difícil negociar con la propiedad sin tener aclarado el asunto del valor del suelo en cuestión.

El 4 de abril de 2012, el funcionario y arquitecto Bernardino Seguí rubricó un informe en el que descartaba dos de las tres valoraciones porque no se ajustaban a la legislación más reciente, y concluía: "La tasación más idónea es la presentada por el señor González Nebreda". Unos días más tarde, el 19 de abril, el jefe del departamento jurídico, Pep Oliver, y el de servicios comunes, Bartomeu Alcover, hicieron lo propio, considerando que la valoración presentada por González Nebreda "es la más adecuada como punto de partida de una posible adquisición del edificio (...) y la más beneficiosa desde el punto de vista económico para la Administración".

Reprobación del perito

Sorprendentemente, un año después, el 14 de junio de 2013, ya comprado el hotel y una vez Diario de Mallorca destapó el presunto sobreprecio abonado, los tres funcionarios ahora imputados salieron en rueda de prensa a reprobar la tasación del técnico que ellos mismos habían seleccionado. Seguí, Oliver y Alcover firmaron in extremis un nuevo informe que Carlos Delgado se negó a entregar a los periodistas. En él apoyaban que el Govern desoyera la tasación por ellos seleccionada, así como los 971.671 euros pagados, rechazando que el Rocamar fuera ruinoso.

"No lo entiendo, no me parece normal", ha declarado el tasador ante el magistrado que instruye el caso al preguntarle su opinión de que finalmente la Conselleria comprase los terrenos por casi un millón de euros, teniendo que asumir luego el derribo de las edificaciones.