Es la cuenta de la lechera, pero es muy clara: AENA, la empresa en un 51% pública que gestiona el aeropuerto de Palma gana con Son Sant Joan más de 150 millones de euros de beneficio anual, una cifra que se dispara hasta los 200 si se cuentan los aeropuertos de Eivissa y Menorca, muchos millones, que son más aún si se comparan con los diez millones que costaría implantar la tarifa plana para volar entre islas que propone el Govern. Dicho de otro modo, solo con los beneficios del aeropuerto en un año da para pagar vuelos a 30 euros hasta el año 2031. "El coste de diez millones es ridículo para una comunidad que aporta tanto, en la que todos los aeropuertos generan superávit. En estas islas pagamos las tarifas más caras por movernos. Es una situación muy injusta y creemos que el Gobierno central debería ser más ágil para solucionar el problema de conectividad que padecemos", reflexiona el director general de Aeropuertos, Javier Ramis, consciente de que el Estado que hace caja con los aeropuertos de las islas mantiene a Balears a la cola de inversión pública.
Por eso desde el Govern presionan. Lo harán el miércoles que viene en una reunión con la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, a la que volverán a ponerle encima de la mesa la tarifa plana de 30 euros para volar entre islas. La ministra ya conoce la idea, de un encuentro previo. Y según Javier Ramis, le interesó la idea, aunque la sembró de pegas como la interinidad del Gobierno y la falta de tiempo. "Es una lentitud que no podemos asumir. La tarifa plana es lo más importante para Balears. Nos estamos encontrando con precios que no son asumibles para los ciudadanos, como los 140 euros que cuesta de media volar de Maó a Madrid, que nada tienen que ver con tarifas como la que acaba de anunciar Norwegian, 14 euros por volar a Madrid desde Palma. El problema es que en Madrid no se nos llegan a ofrecer soluciones. Cuando les planteamos reclamaciones concretas que nos responden con eso de que no hay tiempo, que más adelante", comenta el director general de Aeropuertos, que ya empieza a sufrir la desesperación que han padecido todos sus predecesores en el cargo, que se marcharon hartos de estrellarse con una realidad desesperante: en Madrid no se entiende qué supone la insularidad, ni el hecho de que sea más patente y costosa cuando más caro es volar, justo cuando hay que coger un vuelo urgente y la jugada sale por cientos de euros, a veces miles.
"Cuando hablamos de tarifa plana, o de mejorar las obligaciones de servicio público [que garantizan vuelos clave que de otro modo no ofrecen las aerolíneas], pues está claro que el Gobierno ha de poner más dinero. Aquí no tenemos AVE, ni autopistas. Los aeropuertos los pagamos con nuestros recursos, y no solo eso, porque el beneficio que generan se va a pagar intraestructuras de otras comunidades. Es injusto", insiste el director general del Govern del Pacto, que cree que este desequilibrio entre lo que aporta la isla y lo que recibe debe corregirse con actuaciones concretas en materia de conectividad en el Régimen Especial Balear que se debe aún negociar.
Deudas del Estado con las islas
Ese sistema para compensar la insularidad debía estar listo el año pasado, cuando concluía el plazo para que ese régimen sustituyese a las inversiones estatutarias (2.800 millones que tenían que llegar entre 2008 y 2014 del Estado). Pero no está listo. Ni lo estará pronto. Y peor aún: de esos 2.800 millones firmados con el Gobierno central en inversiones estatutarias, no han llegado más que 359 millones, cuando ya ha concluido el plazo para que los millones se usasen. ¿Qué hacer ahora? Pues mientras el Govern reclama ese dinero a cada ministerio, se buscan nuevas vías para obtener compensaciones a la insularidad. De ahí esa tarifa plana para volar. Y de ahí las nuevas condiciones que se quieren negociar con el Ministerio de Fomento, para mejorar las llamadas Obligaciones de Servicio Público, con las que se sacan a concurso público rutas subvencionadas que garantizan una conectividad mínima a los residentes de las islas. La idea del Govern es que en las condiciones de esos vuelos se fije una tarifa máxima de 60 euros por trayecto, descuentos para estudiantes, jubilados y discapacitados, un aumento de las plazas que se ofrecen, más frecuencias diarias, y un último vuelo siempre más tarde de las 20.00 horas. "Son medidas que tienen poco coste para el Estado y suponen mucho para estas islas", resume Ramis.
La batalla que parece perdida es la de la cogestión aeroportuaria, es decir, que Balears participe en las decisiones que afectan a esos aeropuertos que tanto dinero le dan al Estado. Pero el Estado no está por la labor de ceder su negocio más lucrativo. Y menos aún después de privatizar en febrero de 2015 el 49% de AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos, que ahora reparte la mitad de los beneficios con compañías privadas. ¿Hay opciones de que el Estado dé a los baleares la opción de decidir sobre un aeropuerto que este verano moverá hasta 26 millones de viajeros, a razón de un vuelo cada dos minutos, con picos de más de 100 movimientos por hora en una instalación dotada para asumir 66? Pues no parece que esa opción exista. El Govern balear dice Ramis, la pide, pero "la ministra [de Fomento, Ana Pastor, del PP] nos dijo que eso no era posible".
Madrid decide, Madrid se queda los beneficios, Balears pone los clientes y el entorno.
