El perito externo que tasó para el Govern el solar del viejo hotel Rocamar, en el Port de Sóller, antes de su compra en 2012 con fondos públicos para su esponjamiento, ha mantenido ante el juez que se pagó un sobreprecio de casi 700.000 euros. El presunto sobreprecio fue destapado por Diario de Mallorca el 11 de junio de 2013, lo que motivó una denuncia por calumnias del Ejecutivo Bauzá contra este periódico, que acaba de ser archivada ante la "veracidad" de las informaciones.
A instancias de una denuncia del PSOE, la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Palma investigan ahora si la operación de esponjamiento de plazas obsoletas sirvió de tapadera de un pelotazo urbanístico. El presunto beneficiario fue el jefe de Inspección de la conselleria de Turismo, José Francisco Enseñat, y su familia, que gracias a la venta del Rocamar saldaron una supuesta deuda con el propietario del hotel, Francisco Castañer. Los Enseñat habrían hecho un préstamo de 990.000 euros a Castañer, que curiosamente se canceló el mismo día que el Govern compró el Rocamar.
En el marco de estas pesquisas el arquitecto Pere González Nebreda ha declarado como testigo ante el magistrado que instruye el caso. El perito recibió el encargo de la entonces consellera de Turismo, la socialista Joana Barceló, de valorar el terreno donde se ubicaba el Rocamar. Nebreda determinó que el precio inicial del suelo urbanizado era de 971.671 euros.
Descontar los gastos de derribo
No obstante, recalcó que a esta cantidad había que deducirle 687.040 euros de gastos de derribo del inmueble, ya que se encontraba en estado ruinoso.
En consecuencia, el perito concluyó que en la fecha de adquisición, septiembre de 2012 -ya con el Govern del PP- el valor era mucho menor: 284.631 euros.
"Me ratifico íntegramente en el contenido de mi dictamen", afirmó el experto ante el juez. Nebreda aseguró que la antigüedad del edificio era unos cuarenta años y su estado de conservación "pésimo, técnicamente ruinoso e incluso peligroso para el acceso".
El reconocido tasador detalló que fue el propio jefe de Inspección turística, José Francisco Enseñat, quien le encargó concretamente que determinara "el valor de mercado" de la finca del Rocamar para llegar a un acuerdo de adquisición entre la Conselleria y la propiedad.
Según este perito, debía tasarse el solar como suelo vacante, al estar el edificio en situación de ruina física y tener que demolerse las construcciones existentes. "El precio justo de compra era de 284.631 euros", reiteró el arquitecto ante el magistrado. "No lo entiendo y no me parece normal", aseveró, sobre el hecho de que finalmente la conselleria de Turismo compró los terrenos del Rocamar por 971.671 euros sin haberse derribado el hotel, y teniendo que asumir el Govern el coste de la demolición, otros 700.000 euros. En total, la operación del Rocamar supuso un gasto de 1,6 millones de euros públicos. La Justicia trata de esclarecer si hubo malversación.
