Los tres funcionarios públicos que han sido citados como imputados por el juez en esta investigación por corrupción mantuvieron un criterio distinto al que defendía el experto, que fue contratado expresamente por el Govern para que valorara el precio del Rocamar. Mientras que el perito decía que del precio había que restarle los gastos de demolición, los funcionarios sostenían que el valor era más elevado porque no existía una declaración oficial de ruina total del edificio.
Por otra parte, la imputación de Jaime Martínez puede tener consecuencias políticas porque ha mostrado su disposición a optar a la presidencia del PP balear, frente al exconseller Gabriel Company.
