­El juez Juan Manuel Sobrino ha decidido dar un impulso a la investigación del llamado caso Rocamar, el primer escándalo de corrupción que salpica directamente al Govern del PP que presidía José Ramón Bauzá. El magistrado quiere conocer todos los detalles de la más que sospechosa maniobra por la que, supuestamente, el Govern abonó un sobrecoste de 687.000 euros en la compra del ruinoso hotel del Port de Sóller. Por este motivo, el juzgado ha decidido la imputación del exconseller de Turismo del Govern, Jaime Martínez, y de los tres funcionarios públicos que firmaron el informe, que sirvió para contrarrestar el dictamen que elaboró un prestigio arquitecto, que precisamente había sido contratado por el Govern para que realizara una tasación del valor exacto de este hotel abandonado.

Los tres trabajadores públicos que tendrán que declarar como imputados son Bernardino Seguí, Bartomeu Alcover y José Oliver. Son los tres funcionarios que, utilizando los servicios de la Abogacía de la comunidad autónoma, que pagan los ciudadanos de Baleares, presentaron una querella contra tres periodistas de DIARIO de MALLORCA por haber destapado este escándalo. Esta denuncia penal fue archivada por el juez, al comprobar la veracidad de la información.

El exconseller Martínez se ha visto implicado en esta operación supuestamente ilegal porque fue quien negoció, en nombre de la conselleria, el precio definitivo de la compra del edificio de Sóller. Lo hizo cuando era director general de Turismo, antes de sustituir como conseller a Carlos Delgado. Sin embargo, ahora se ha convertido en el primer conseller del Govern Bauzá que ha sido imputado en un caso de corrupción.

El beneficiado de esta sospechosa operación urbanística no es ningún político, sino la familia de un trabajador público. En concreto se trata del jefe de la inspección de Turismo, José Francisco Enseñat, compañero de trabajo de los tres funcionarios que firmaron el polémico informe y que en pocos días tendrán que sentarse ante el juez. El hotel Rocamar cerró en el año 2001. Tres años más tarde, el padre de Enseñat (ya fallecido), le hizo un préstamo económico al dueño del hotel, que entregó el ruinoso edificio como garantía. El acuerdo económico fue verbal.

Cuando el Govern decidió adquirir este ruinoso edificio, se solicitó a un experto en tasaciones que realizara una valoración. Se contrató al prestigioso arquitecto Pere González Nebreda. El técnico determinó que el precio inicial del suelo urbanizable era de 971.671 euros. Sin embargo, señaló el perito que a esta cantidad había que restarle los gastos del derribo del inmueble, que calculó en 687.040 euros. Por tanto, el arquitecto estableció que el precio definitivo que debía pagar el Govern era de 284.631 euros. Este experto en valoraciones declaró hace unos días ante el juez y ratificó su peritaje.

La conselleria de Turismo, bajo la dirección de Carlos Delgado, hizo poco caso a este informe externo, pese a que el perito había sido contratado expresamente para este trabajo. Se solicitó un nuevo informe a los propios funcionarios de la conselleria. El dictamen que redactaron no coincidía con el otro informe. Seguí, Alcover y Oliver establecieron que el precio que debía pagar el Govern por el Rocamar era de 971.671 euros. Casualmente era la misma cantidad que el padre del jefe de la inspección había prestado al dueño del hotel. Este hombre tuvo muy poco tiempo el dinero en sus manos (de procedencia pública), que le pagó la conselleria de Turismo. Lo entregó de inmediato a Jaume Enseñat, padre del inspector de Turismo, para devolverle el dinero que le había prestado diez años antes y que, pese a que se trataba de casi un millón de euros, este acuerdo económico nunca quedó plasmado por escrito. Cuando el dueño del Rocamar recibió el dinero ya era un hombre de avanzada edad y muy enfermo. La fiscalía no cree que sea casual que el valor económico que establecieron los tres funcionarios fuera una cantidad casi exacta al préstamo que realizó el padre del inspector.