El fiscal Pedro Horrach no quiere precipitarse ante el escándalo que rodea en estos momentos al sindicato Manos Limpias, la única acusación popular que solicita la condena de la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos. Y por ello no va a solicitar de forma inmediata la expulsión de dicha acusación popular, sin antes haber estudiado toda la documentación judicial que refleje las presuntas irregularidades, tanto penales como económicas, que salpican a este sindicato.

Horrach explicó ayer que se va a dirigir por escrito a los juzgados de Madrid que tienen abiertas diligencias contra el citado sindicato, a fin de que le remitan toda la documentación de la investigación. El escándalo que rodea a Manos Limpias se focaliza en dos juzgados. La Audiencia Nacional es la que investiga, en estos momentos bajo secreto judicial, si el máximo responsable de este sindicato, Miguel Bernard, junto al propietario de la asociación Ausbanc, Miguel Pineda, se habrían dedicado a extorsionar a directivos de banca, a cambio de que se retiraran como acusación en determinados procesos judiciales. Uno de estos casos sería el juicio de Nóos. La otra causa judicial abierta contra Manos Limpias se focaliza en un juzgado de instrucción de Madrid. Se investiga el sistema de financiación del sindicato, en el que están imputados el presidente y la abogada Virginia López Negrete que, por cierto, no asistió ayer a la vista del juicio del caso Nóos. La letrada envió un escrito al tribunal señalando que no asistiría a la declaración de varios testigos, debido a que tenía que atender otros asuntos judiciales en Madrid. Desde que se iniciara el juicio el pasado mes de febrero es la primera vez que López Negrete no asiste a una declaración.

El fiscal Anticorrupción detalló también que todavía no había presentado estos escritos solicitando la documentación judicial. Y que una vez que disponga de todo este material, lo analizará a fondo para decidir si existen razones para pedir su expulsión del proceso de Nóos, sobre todo con respecto a los detalles sobre su sospechosa financiación. Todos estos documentos los aportará al tribunal, que la pasada semana rechazó expulsar del proceso a la acusación popular, tal como había solicitado el abogado de Torres, el letrado Manuel González Peeters. Horrach reiteró que desde que se planteara esta propuesta la pasada semana, su posición no ha cambiado. Recordó que al pronunciarse sobre este incidente, no se sumó a la petición de la defensa de Torres, sino que pidió a la Sala que reclamara toda la documentación judicial sobre las investigaciones que se desarrollan en los juzgados de Madrid. "El tribunal dijo que esta documentación la podían pedir las partes y que la petición de expulsión se resolvería en sentencia", recordó ayer al concluir la sesión del juicio del caso Nóos.

El fiscal insistió en que en estos momentos no tiene una decisión tomada sobre la posibilidad de reclamar que expulse al sindicato del proceso. Sin embargo, reconoció que tiene sospechas de las prácticas irregulares que desarrollaba el sindicato para obtener financiación y no descarta pedir su expulsión. "He leído que varios testigos han dicho que no se celebraba ninguna asamblea de socios y que todas las decisiones las adoptaba Bernard", señaló.

Defensa de la Infanta

Quien no quiere de ninguno de los modos que el tribunal expulse a la letrada de Manos Limpias del juicio del caso Nóos es la defensa de la infanta Cristina. El letrado Jaime Riutort abogó para que la hermana del Rey continúe acusada en este proceso, ya que la defensa no pretende que salga del caso a través de la expulsión de la acusación popular. El abogado quiere que la mujer de Urdangarin siga en el juicio hasta el final para demostrar su inocencia y, sobre todo, para que el tribunal dicte una sentencia absolutoria, demostrando que nunca cometió los dos delitos fiscales por los que en este momento se sienta en el banquillo de los acusados.

Los abogados defensores de Cristina de Borbón denunciaron hace días que una persona, en nombre del sindicato, les había pedido la cantidad de tres millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la hermana del Rey en el proceso de Nóos. La letrada Virginia López Negrete negó que hubiera pedido en ningún momento este dinero.