El Govern balear solo va a trabajar con empresas que respeten los convenios colectivos sectoriales y va a favorecer a aquellas que primen la calidad del empleo o que cuenten en sus plantillas con colectivos vulnerables, al tiempo que se vetará a las que operan en paraísos fiscales, según consta en las clausulas sociales para la contratación pública presentadas ayer y que van a ser aprobadas en el próximo Consell de Govern. Eso convierte a las islas en la primera autonomía que regula estas cuestiones, al considerar que cualquier firma privada que trabaja con la Administración accede a dinero público y debe de garantizar unos principios de justicia social, según advirtió la presidenta Francina Armengol.

Prueba de la relevancia que el Govern ha querido dar a este tema es que ayer se vistió de gala para su presentación, con la presencia junto a Armengol de los consellers de Trabajo y de Servicios Sociales, Iago Negueruela y Fina Santiago respectivamente, y la asistencia de representantes en la patronal CAEB, de los sindicatos UGT y CCOO y de las organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables, entre otros. Además, se puso de relieve que en esta iniciativa han trabajado también otros departamentos autonómicos, como los de Hacienda, Transparencia y Presidencia.

Según pusieron de relieve los representantes del Ejecutivo balear, a partir de ahora se van fijar criterios paras la contratación de empresas por parte de la Comunitat Autònoma (como por ejemplo las de limpieza o de seguridad privada) que no se van a limitar a la oferta económica más baja, sino que también se van a valorar aspectos como el porcentaje de contratación indefinida, la formación a la plantilla, la integración de hombres y mujeres tanto entre trabajadores como en los cargos directivos, la existencia de salarios que incluso superen los mínimos fijados en convenio, o la contratación de colectivos con dificultades para acceder a un empleo, como mujeres, mayores de 45 años o personas con discapacidad, por poner algunos ejemplos..

Mantener la plantilla

Una vez adjudicado el contrato, estas empresas deberán además respetar los convenios colectivos sectoriales vigentes en el archipiélago, pagar a sus empleados los salarios en tiempo y forma, y mantener la misma plantilla que tenía en el momento de presentarse al concurso, además de cumplir la ley en materia de personas con discapacidad y elaborar planes de igualdad.

Para garantizar que todos estos requisitos se cumplen, se creará una comisión de seguimiento en la que participará tanto Govern como sindicatos y empresarios.

Además, el Ejecutivo balear reservará al menos el 3% de su contratación a empresas de inserción y centros especiales de empleo, para potenciar la integración de los colectivos más vulnerables.

En materia de transparencia, se exige que los ingresos y beneficios se declaren según la legislación tributaria y se veta a aquellas firmas que hagan uso de paraísos fiscales. Estas mismas condiciones se aplicarán para las subcontratas.

Según señaló el conseller Negueruela, durante los próximos meses se dará formación al personal de contratación de las diferentes Conselleries para la aplicación de estos nuevos criterios.

Por su parte, Francina Armengol consideró que estas nuevas reglas de juego marcan un antes y un después en la contratación pública, y expresó su esperanza de que esta iniciativa sea segundada por los consells insulars y ayuntamientos de Balears.