El juez Antoni Garcias ha archivado una denuncia del Govern del PP contra Diario de Mallorca y tres de sus periodistas, por informar sobre el presunto pelotazo urbanístico en torno a la compraventa del hotel Rocamar.

El magistrado concluye que "queda probado que las informaciones vertidas en el periódico fueron obtenidas de propias manifestaciones de funcionarios públicos o dirigentes o autoridades públicas en sus ruedas de prensa (...)", y también "que la información fue veraz". La denuncia fue interpuesta durante el mandato de José Ramón Bauzá a instancias de su conseller de Turismo, Carlos Delgado. En su escrito la Abogacía de la Comunidad Autónoma acusó a los redactores de este rotativo Miguel Manso, Joan Mora y Mateu Ferrer, de haber calumniado con sus artículos a tres funcionarios de la conselleria de Turismo: Bernardino Seguí, Bartomeu Alcover y José Oliver.

Destapado en 2013

En junio de 2013, este diario desveló que el Govern había abonado presuntamente un sobreprecio de 687.000 euros por el viejo hotel Rocamar, en una operación de esponjamiento. El dinero había terminado en manos de la familia del jefe de Inspección de la conselleria de Turismo, José Francisco Enseñat. Entre otros documentos, las informaciones se apoyaban en un dictamen del perito contratado por el Ejecutivo, el reputado arquitecto Pere González Nebreda, que dictaminó que el valor del solar era de solo 284.631 euros, debido a la avanzada ruina del edificio. Delgado desoyó el peritaje y Turismo finalmente pagó 971.671 euros por la compra. Para justificar el sobreprecio la Conselleria se amparó en un informe de los tres funcionarios citados, compañeros de trabajo del beneficiario de la venta del Rocamar, el jefe de Inspección turística Enseñat.

En su día el magistrado no admitió a trámite la denuncia contra este medio. La Abogacía del Govern recurrió entonces ante la Audiencia de Palma, que ordenó reabrir la causa e imputar a los tres redactores. Tras tomar declaración a los funcionarios y a los periodistas, el juez determina que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito" de injurias. Recuerda además en su auto de archivo: "Tantas dudas arrojan los hechos realizados por la Administración que la Fiscalía Anticorrupción interpuso querella en contra o en investigación de los aquí denunciantes", en alusión a los tres funcionarios a los que el Govern Bauzá puso a su servicio los recursos de la Abogacía.

El actual Govern desiste

El actual Ejecutivo del Pacto explica que las acciones legales emprendidas en su momento contra los periodistas de este diario son insólitas. No entra dentro de las funciones de la Abogacía del Govern ejercer la acusación contra particulares, sino en todo caso la defensa de los intereses generales. Por todo ello, ha desistido ahora de recurrir el auto de sobreseimiento, así como de la denuncia contra este periódico.