La Ley General de Sanidad impulsada por el malogrado ministro socialista Ernest Lluch cumplió ayer treinta años. Se trata de la norma que modernizó y aglutinó la asistencia sanitaria en el país e inició el camino hacia el modelo actual de un Sistema Nacional de Salud.
Por esta causa, la conselleria de Salud organizó ayer un coloquio con varios profesionales sanitarios que vivieron en primera persona esta transformación que trocó los ambulatorios donde los médicos pasaban consulta durante dos horas y media al día en los centros de salud actuales.
Que acabó con la fragmentación existente en la asistencia especializada, donde coexistían hospitales de beneficiencia con centros especializados en el tratamiento de la tuberculosis, y generalizó los hospitales de agudos tal y como hoy los conocemos.
Que, en definitiva, instauró una sanidad universal y gratuita que pasó a estar financiada vía impuestos y que desde ese momento dejó de atender únicamente a los cotizantes de la Seguridad Social y a sus familiares.
En la introducción al coloquio realizada por la consellera de Salud, Patricia Gómez, la máxima responsable sanitaria de esta comunidad abogó porque esta información llegue a los jóvenes ya que, estimó, "si no conocen la historia, nunca podrán valorar lo que tenemos hoy en día".
Y la consellera aprovechó la oportunidad para recalcar que "lo público hay que cuidarlo porque es de todos" y contrapuso la Ley promulgada por un gobierno socialista hace ahora treinta años con el real decreto de hace cuatro que hurtó la asistencia sanitaria a los inmigrantes residentes en el país en situación administrativa irregular y que, a su juicio, ha infligido un grave daño a esta ley aún con plena vigencia.
La facultativa Carme Font, que asistió al nacimiento de la especialidad de medicina familiar y comunitaria en la que llegó a ser tutora de residentes, recordó que en su primera consulta por no tener no tenía ni agua, por lo que debía acarrearla de un punto de suministro cercano. "La ley plasmó una serie de reivindicaciones que ya estaban maduras e instauró el concepto de protección de la salud y de la descentralización" sanitaria, resumió.
La equidad como objetivo
Adolfo Marqués, médico ginecólogo ya jubilado que ostentó el cargo de director provincial del Insalud entre 1983 y 1988, tras elogiar una ley que, dijo, ha demostrado su idoneidad al no ser modificada por los diferentes Gobiernos de diferente color político en estos últimos 30 años, admitió que quizá la descentralización sanitaria que propugnó haya provocado excesos y un mayor gasto. No obstante, elogió que se marcara la equidad como objetivo fundamental y recordó que la población actual ha hecho fracasar las políticas de recortes en salud.
Carmen Santos, médico de familia en aquellos tiempos, recordó que acabó con el acceso sanitario por beneficiencia y que lo universalizó; que estableció el derecho del paciente a la confidencialidad y a la información; que normalizó una asistencia eficiente y de calidad.
El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, consideró como su característica más importante que convirtió un modelo desestructurado en un modelo de Sistema Nacional de Salud. "En Primaria supuso una auténtica revolución, se crearon los puntos de atención continuada y desaparecieron las casas de socorro y en los hospitales jerarquizó los servicios y propició la contratación de los especialistas a tiempo completo", recordó.
Maria Antònia Font, actual directora de enfermería de Atención Primaria que reveló que fue la primera practicante titular en un centro de salud de Campos, aseguró que, tras repasar el texto legal el pasado fin de semana, "lo sigo encontrando innovador". No obstante, lamentó que en hoy en día en Primaria se priorice la curación sobre la prevención de la salud y que no se estén realizando más acciones para promocionar una vida saludable. Carmen Santos discrepó de esta falta de promoción de la salud en Primaria ya que, recalcó, muchos médicos la hacen en sus consultas mientras atienden a sus pacientes.
Recursos humanos unificados
Cuestionados los participantes en el coloquio sobre si se podía hablar de equidad dentro del SNS con las diferencias presupuestarias en sanidad existentes en las CC AA, Fuster dijo que sí, que existe una cartera de servicios común, pero echó en falta una actuación más vertebradora del Consejo Interterritorial de Salud: "Debería unificar una política de recursos humanos", estimó.
Asimismo, Fuster, que participó en la transferencia de la Sanidad a Balears, negó que la competencia llegará mal dotada. "El presupuesto sanitario de 2001 era de 70.000 millones de pesetas. Y en 2002 nos transfirieron las competencias con 102.000 millones, un 30% más. Estuvo bien dotada en gasto corriente aunque quizá sí había un déficit en infraestructuras", admitió el director general.
Reveló a continuación que la merma de fondos para pagar la sanidad comenzó a perpetuarse a partir del 2003 ya que, dijo, la transferencia establecía que para un aumento de los mismos la población de las islas debería crecer al menos un 3% por encima del crecimiento del resto de las comunidades autónomas.
Preguntados sobre los motivos por los que Balears, junto a otras CC AA, recibió las competencias en 2002 cuando la ley de Lluch permitía esta descentralización desde varios lustros antes, los ponentes revelaron que esta posibilidad debía estar contemplada en su estatut d'autonomia.
Por último, cuestionados sobre qué aspectos de la ley consideraban que no estaban desarrollados como preveía la norma promulgada hace treinta años, casi todos los participantes coincidieron en que todavía falta conseguir una mayor integración de la Salud Pública y avanzar en la participación de los ciudadanos en todos los aspectos relacionados con su salud.
