Denunciar a posibles corruptos requiere cierta discreción, es la reflexión que hacen en Més per Menorca, a raíz de la creación de la Oficina Anticorrupción. Este partido considera inapropiada la ubicación propuesta para el nuevo organismo, en la sede del Parlamento, y planteará a los demás partidos buscar conjuntamente un lugar alternativo y menos expuesto.
La presidenta del Parlamento, Xelo Huertas (Podemos), ha ofrecido el antiguo restaurante -ubicado en los bajos del edificio y cerrado de hace años- para acoger la futura Oficina. Los menorquinistas, en cambio, no ven bien este emplazamiento en el mismo bloque que la Cámara autonómica. Recuerdan que la Oficina Anticorrupción debe recoger y tramitar denuncias relacionadas directa o indirectamente con los cargos políticos de Balears (diputados, consellers, directores generales...), que trabajan y asisten permanentemente al Parlamento. “Para que la Oficina sea efectiva es fundamental que se garanticen los criterios de neutralidad y confidencialidad (principios incluidos en la Ley), y es evidente que la ubicación de la sede del Parlamento no las cumple”, señalan desde Més per Menorca.
El Govern dio luz verde el pasado día 1 al proyecto de ley que regulará la creación de la nueva Oficina, si bien éste quedó deslucido al coincidir ese mismo día con la dimisión de la exconsellera de Transparencia y Cultura, Esperança Camps, cuyo departamento impulsó el articulado inicial. Més per Menorca valora muy positivamente el texto aprobado, “porque garantiza la independencia en su labor de prevención, investigación y lucha contra la corrupción”, apunta su diputado Nel Martí, y espera que sea aprobada con el máximo consenso. “Estamos muy satisfechos pero nos preocupa la ejecución (ubicación y reglamento, principalmente) que se hará después desde el Parlamento”, alerta.
Garantizar el anonimato
La ubicación de la Oficina es un tema al margen del proyecto de ley, y que tendrá que gestionar posteriormente la Mesa del Parlamento una vez la norma se haya aprobado en pleno. Més per Menorca recuerda que una de las mejoras del texto legal, durante la fase de exposición pública, fue garantizar el anonimato de los cargos y trabajadores públicos que quieran denunciar a posibles corruptos, y así lo soliciten. Por este motivo los nacionalistas menorquines quieren que el asunto sea debatido y estudiado “con calma y rigor” para acordar un sitio menos expuesto a las miradas de políticos y periodistas, de modo que nadie pueda sentirse inhibido para acudir a formalizar una denuncia ante sospechas de un comportamiento corrupto.
Més per Menorca también quiere que el reglamento previsto en la ley garantice que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, puedan presentar y colaborar con la Oficina. Y por este motivo propone que se regulen las denuncias a través de un formulario en línea, así como las denuncias telefónicas y por correo electrónico.
El reglamento también debería prever, en opinión de los menorquinistas, cómo y dónde se hará la colaboración entre el denunciante y la Oficina, una vez la denuncia sea admitida a trámite. Y eso incluye desplazamientos, oficinas o espacios en el resto de islas. “En definitiva, que la creación de la Oficina tenga en cuenta los principios de descentralización y desconcentración, previstos en el Estatuto de Autonomía”, concluyen en Més per Menorca.
