Los presuntos chantajes de Ausbanc a entidades bancarias a cambio de publicidad, están documentados desde hace décadas en reportajes de la revista Interviú. Nada nuevo por este lado. Antes de reconciliarse con su socio, Diego Torres sostuvo hasta la jornada previa al inicio del juicio que había recibido una suculenta oferta monetaria del abogado de Urdangarin, a cambio de cargar con las culpas del caso Infanta. La denuncia no ocasionó ni un parpadeo.
Sin embargo, a mitad del juicio estallan las imputaciones sin duda fundadísimas contra los gestores de la sombría Manos Limpias, que acusa en solitario a la hermana de Felipe VI. El tribunal ya tuvo que rescatar del seno de dependencias policiales a Alfonso Grau, oportunamente detenido en vísperas de comparecer a juicio. La traca no ayuda a exculpar a la Infanta. Todo lo contrario. Salvar por las bravas a Cristina de Borbón sería la solución más dañina para la pervivencia de La Zarzuela. La heroína de la fiscalía y la abogacía del Estado ya ha causado la abdicación de un Rey, y en esta actividad destructiva todo es empezar.
Recobran inesperada actualidad las palabras de Rajoy, jefe supremo policial en funciones, durante una entrevista con Antena 3. "Estoy convencido de la inocencia de la Infanta. No creo que deba renunciar" a sus derechos sucesorios. "Estoy convencido de que las cosas le irán bien". Manos a la obra, con la llamativa coincidencia de la salida de un ministro del banco azul y la posible salida de Cristina de Borbón del banquillo azul.
"Hacemos lo que podemos" es un manifiesto polivalente, que ampara por igual a Bárcenas que a los saqueadores de Nóos. La aceleración de los tiempos delata un nerviosismo contrario a las proclamas de inocencia, a cargo de los defensores públicos y privados de la Infanta. La intervención a trancas y barrancas demuestra que la absolución en el seno del proceso contradictorio no está tan garantizada como pretenden los juristas que hablan alemán.
Al proteger a una presunta delincuente, se desprotege a la ciudadanía. La Infanta recorrió por su propio pie cada paso de Nóos. Defendió sus derechos económicos al botín al cincuenta por ciento, mediante una sociedad delictiva según Hacienda. La intervención radical del proceso demuestra colateralmente que el fiscal y la abogada del Estado nunca dispusieron de la mínima autonomía para elegir su postura. Por no hablar de la vergonzosa inhibición de los socialistas valencianos o del Govern, a menudo olvidados en el cruce de intereses creados.
Parafraseando la frase de José Bono sobre la credibilidad de Batasuna en el 11M, duele tenerse que encomendar a Manos Limpias ante la inhibición de los ministerios públicos. A diario comparece un testigo que detalla la explotación de la condición regia en el escándalo. El último, Esteban González Pons, que se refirió al peso de una Familia Real de la que Cristina de Borbón forma parte con mayor fuerza que su marido ocasional. El paso siguiente será un desembarco de los GEOs, para extraer a Su Alteza de la sala de juicios donde no se halla. Siempre sorprende el sentido del ridículo del Estado.
