Iñaki Urdangarin y Diego Torres no se contentaban con llevarse de la Generalitat de Valencia seis millones de euros por organizar los Juegos Europeos, querían participar en un millonario pelotazo inmobiliario con la excusa de construir una villa olímpica.
La codicia no tenía límites para aquella pareja que, según Esteban González Pons, al que los dos acusados deberían haber contratado como abogado defensor, eran unos cracks en las altas esferas deportivas y las relaciones públicas.
Nóos se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro, pero no perdonaba ni un céntimo a las arcas públicas. La única que le plantó cara fue la funcionaria Isabel Villalonga, que exigió los justificantes de los falsos gastos que el cuñado del Rey y su socio atribuyeron al proyecto de los Juegos Europeos.
Como no trajeron pruebas de los supuestos trabajos realizados no cobraron, gracias a la heroína Villalonga.
González Pons, Rita Barberá, Francisco Camps y otros dirigentes valencianos del PP se esforzaron por quedar bien con el yerno del rey Juan Carlos y le financiaron todos sus envenenados proyectos.
Si los Juegos Europeos no siguieron adelante, con los enormes beneficios que habrían comportado para el exduque de Palma, fue porque eran un obstáculo para que Madrid consiguiera las Olimpiadas. Los políticos valencianos estaban entusiasmados con la idea de Urdangarin, pero ahora ante el tribunal se hacen los amnésicos.
La villa olímpica era la mina de oro de aquel proyecto, aunque hubiese que destrozar una de las mejores áreas naturales de Valencia, La Albufera.
Para ello hacía falta la clásica reclasificación-pelotazo de los terrenos.
