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Escándalo financiero

Mario Conde utilizó su finca de Pollença para blanquear dinero

Realizó una venta ficticia de la propiedad a una sociedad de Luxemburgo y después simuló que la estaba alquilando para poder seguir disfrutando de ella - Can Poleta no pudo ser embargada por la Audiencia Nacional por esta falsa venta

Can Poleta, la casa mallorquina de Mario Conde.

Las maniobras financieras que realizó Mario Conde para blanquear el dinero que tenía escondido en el extranjero también conducen a Mallorca. El exbanquero, que lleva en la cárcel desde el pasado jueves por la noche, logró esconder de las autoridades judiciales la finca de Can Poleta, ubicada en la localidad de Pollença, a través de una venta ficticia con la que evitó el embargo. Con esta propiedad, más otros inmuebles, debía hacer frente a la indemnización por los daños que ocasionó a la entidad bancaria Banesto por su gestión como presidente. Sin embargo, Conde logró salvar esta propiedad y, además, se declaró insolvente.

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, describe con todo detalle en el auto de prisión que dictó el pasado jueves esta maniobra de ingeniería financiera que realizó sobre la propiedad mallorquina, que el banquero y su familia han estado utilizando hasta hace muy poco tiempo. El juez describe que Mario Conde, en el entramado de empresas que manejaba en varios países extranjeros (algunos de ellas situadas en paraísos fiscales), vendió la finca mallorquina a una de estas sociedades que estaban bajo su control. Se trata de la sociedad Gi Beteiligung S.A. Esta firma estaba radicada en Luxemburgo y Mario Conde, según se ha averiguado en la investigación, la utilizó para "canalizar los ilícitos beneficios que obtuvo de las apropiaciones indebidas por las que fue condenado", según describe el juez.

La sociedad de Luxemburgo adquirió las fincas que constituyen Can Poleta por un precio acordado de 600.000 euros. El juez cree que no fue una venta real, sino ficticia. Casualmente la operación se realizó cinco meses antes de que la Audiencia Nacional fijara la cuantía de la indemnización que debía pagar Conde por su nefasta gestión al frente de Banesto, por la que fue condenado. La cuantía de la responsabilidad civil ascendía a 26 millones de euros. Conde solo pagó 11 millones.

En el momento de la venta la finca de Can Poleta pertenecía a otra sociedad. Según describe el juez Pedraz, esta empresa, Apolo, inversiones y Servicios, estaba controlada por Mario Conde y por otro de sus directivos, el vicepresidente de Banesto, Arturo Romaní, quien también fue condenado. La gestión de esta sociedad la controlaba una persona de máxima confianza de los dos banqueros. El precio de la supuesta compra se pagó a través de un cheque de un banco de Luxemburgo que, casualmente, tenía el 99% de la sociedad que adquiría la finca mallorquina.

Aunque la propiedad fuera vendida, la familia Conde no dejó nunca de disfrutar de la finca de Mallorca. La esposa de Mario Conde, Lourdes Arroyo, que falleció en el año 2007 tras una larga enfermedad, firmó un contrato de arrendamiento con la sociedad de Luxemburgo que teóricamente había adquirido la propiedad. El coste anual del alquiler se situó en 72.000 euros. Esas rentas solo se abonaron durante cuatro años. Cada tres meses Lourdes Arroyo pagaba 18.000 euros en efectivo, ingresando el dinero en una cuenta que la sociedad de Luxemburgo había abierto en una entidad bancaria de Pollença. A su muerte se dejó de pagar el dinero del alquiler, pero no se instó el desahucio. Al contrario, la familia Conde continúo disfrutando de su propiedad mallorquina. Además, la sociedad de Luxemburgo, que teóricamente hizo frente a la compra de esta valiosa finca, en el momento de la operación arrastraba elevadas pérdidas. Así al menos aparece en el análisis de los estados financieros que la sociedad ha depositado ante las autoridades de Luxemburgo y que han sido analizados por la Guardia Civil. Sin embargo, entre los años 2002 a 2009, la empresa ha ido recibiendo inyecciones de dinero, supuestamente abonadas por Conde o por alguien de su confianza. En total ha recibido casi un millón y medio de euros, dinero que ha servido para pagar los gastos corrientes que genera la finca mallorquina.

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