Es una ley orgánica, es de obligado cumplimiento y el fin último es indiscutible (evitar los abusos sexuales a menores), pero no todos los docentes han aceptado de buen grado que deban probar ante la conselleria de Educación que no han cometido delitos sexuales y ven cierta criminalización del profesorado: "Nos trae reminiscencias de tiempos pasados".
"No nos parece demasiado bien", apuntó Cosme Orell, secretario general de Enseñanza Pública en el STEI-i, "en teoría todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contratio, pero aquí es al revés: has de demostrar que eres inocente". El representante del sindicato mayoritario indicó que las formas quizás no han sido las más adecuadas y señaló que la Administración ya tiene los datos de quienes han sido sentenciados por delitos sexuales con lo que bastaría que las distintas instituciones públicas cruzaran datos.
A pesar de esta discrepancia, Orell indicó que no han recibido quejas ni han notado mucho malestar por la medida. Eso sí, indicó, quieren pensar que se hará cumplir la ley y que no sólo se exigirá a los docentes el acreditar que no están en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, sino que también se reclamará "a todos los profesionales que trabajan con menores".
Así lo indica la ley orgánica de Protección a la Infancia, que introdujo esta novedad en diciembre del año pasado. Entre diciembre y marzo, la única manera de que estos profesionales acreditaran que no habían cometido delitos sexuales era aportando un certificado completo de antecedentes penales. A partir de marzo, se activó el Registro Central de Delincuentes Sexuales y desde ese momento basta con que los trabajadores demuestren que no están en ese Registro.
La conselleria de Educación ofrece a los trabajadores públicos la opción de consultarlo por ellos (únicamente deben dar su autorización). El proceso para apuntarse a la bolsa de interinos se abrió el miércoles y los aspirantes deben marcar ahí si dan o no su autorización a la Conselleria para que lo compruebe.
En cuanto empiece el curso, Educación pedirá también autorización a los funcionarios docentes y se pondrá en contacto con las patronales de centros concertados para que su personal también acredite que no está en el Registro.
Escola Catòlica, la patronal mayoritaria de centros concertados, ya ha empezado a solicitarlo a sus trabajadores: "Lo tenemos muy avanzado, en cuanto se modificó la ley empezamos a trabajar en esta línea y a informar a nuestro personal, hemos enviado más de cinco circulares informativas sobre este tema", indicó Bernat Alemany.
El presidente de la patronal se mostró a favor de "toda medida de prevención que proteja al menor" y recordó que cuando se detecta un caso así "todo el mundo sufre". Aseguró que no han recibido ninguna queja de sus trabajadores y razonó que son los primeros interesados en "tener la garantía de que en la plantilla no hay nadie que haya hecho una cosa así".
Desde la federación de asociaciones de padres FAPA, Vicente Rodrigo indicó que "bienvenidas sean todas las medidas que sean para proteger a nuestros hijos" y señaló que antes podía haber profesores que "arrastraran sospechas de un centro a otro". Matizó no obstante que es importante "obrar con mano izquierda" y evitar caer "en un clima de desconfianza hacia los docentes".
"Se ha tardado mucho"
La fundación RANA, Red de Ayuda a Niños Abusados, valora el paso dado, aunque señala que en otros países hace años que tienen este Registro y que se exige a todos los profesionales que trabajan con menores, incluyendo colectivos que en España han quedado excluidos, como personas que trabajen en tiendas de ropa infantil.
"Creemos que se ha tardado en exigirlo", apuntó Patricia Moliné, formadora y Relaciones Públicas de RANA, "países como Inglaterra, Alemania, Australia... hace años que lo tienen y se exige hasta a los dependientes de tiendas de ropa para niños, gente que da clases particulares o jóvenes que hacen de babysitters [canguros]".
Moliné valoró que es una medida "que irá bien para todo el mundo" e insistió en que lo importante es que se denuncien estos casos: "Hay centros que no lo denuncian, que tapan estos casos y echan al profesor, que se va a otro colegio o a otro pueblo y es contratado sin problemas". Subrayó: "Lo importante es la denuncia, sino no estará en el Registro".
La formadora de RANA recordó que este es un paso más en la línea de protección a la infancia hacia la que quiere ir la Unión Europea, cuyo objetivo final es crear un registro único de delincuentes sexuales para todo el continente.
