Un presunto fraude al Estado cometido a través del cobro de indemnizaciones por falsas mudanzas de militares del Ejército del Aire, y que, supuestamente, estuvo organizado por un teniente destinado en el Ala 49 de la Base Aérea de Son Sant Joan está acabando con sentencias de conformidad. Cerca de 80 jefes, oficiales y suboficiales del Ejército del Aire están acusados en distintos sumarios por estos hechos, donde también aparece encausado un civil, dueño de una empresa de mudanzas.
Los hechos se descubrieron casualmente en 2012 cuando un funcionario civil del Ejército del Aire revisó la documentación de una indemnización por traslado de residencia de un oficial destinado en la base de Palma a la de Albacete. El funcionario se apercibió de que había un error en el kilometraje de la factura de la empresa de mudanzas y tirando del hilo se descubrió que desde hacía varios años dos oficiales, un teniente y un capitán, supuestamente se dedicaban a facilitar a compañeros falsa documentación para cobrar esas indemnizaciones sin que las mudanzas de enseres hubiesen tenido realidad.
Detenido en Palma
El principal sospechoso es un teniente, D.H.C., destinado en 2013 en Palma y que, al parecer, cobraba de comisión un 25% del plus de traslado, que ascendía a sumas de entre 1.500 y 4.500 euros. El oficial fue detenido el 11 de diciembre del 2012 por la Guardia Civil y puesto en libertad ese mismo día. Su puesto de trabajo en la base de Son Sant Joan y su domicilio fueron registrados. Las pesquisas permitieron localizar a un capitán que supuestamente ayudaba al teniente detenido en Palma en los fraudes.
La Justicia militar tomó cartas en el asunto y en septiembre del 2014 el juzgado togado militar central número 2 de Madrid encausó a 45 oficiales y suboficiales. Con posterioridad un tribunal superior anuló esa resolución y decidió repartir el caso entre ocho juzgados territoriales y un juzgado militar central al entender que los sospechosos no formaban parte de una trama organizada sino que habían actuado individualmente.
Según publicó ayer el diario El País, en la actualidad el número de acusados ronda las 80 personas y la fiscalía militar ha decidido ofrecer sentencias de conformidad para evitar un aluvión de juicios y posibles condenas más elevadas que provocarían escasez de pilotos en algunas unidades del Ejército del Aire. El pacto de la fiscalía, que ya ha sido aceptado por algunos acusados, supone la devolución del dinero indebidamente cobrado y una pena de tres meses y un día de cárcel, que no se cumplirá y no conlleva la expulsión del Ejército. Al principal acusado se le ofrece una condena de 9 meses y 3 días.
