El juez José Castro ha abierto una pieza secreta para investigar la agenda de presuntos sobornos al Partido Popular (PP), intervenida en la operación Púnica al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Castro quiere esclarecer si personas vinculadas a la constructora OHL, cuyo presidente es el imputado Juan Miguel Villar Mir, hicieron donaciones al PP de Madrid como contraprestación por ganar el concurso público para construir el hospital público de referencia de Balears de Son Espases, una adjudicación que finalmente no consiguió esa empresa.
El juez del caso Son Espases pidió el pasado 18 de febrero a la Audiencia Nacional la agenda del exconsejero madrileño Francisco Granados, actualmente en prisión, en que se basan unas actuaciones del caso Púnica por si contuviera datos sobre el presunto fraude en la adjudicación del hospital de referencia de Balears.
Castro solicitó al juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional una copia (un testimonio) de la agenda que se intervino a Granados en un registro en su domicilio, documento en el que figuran anotaciones sobre la presunta financiación irregular del PP.
La planta primera
Castro reclamó también "cuanta documentación guarde relación con las obras de reforma que se hayan realizado en la planta primera del edificio sede del Partido Popular sito en la calle Génova 13 de Madrid", donde están ubicadas las oficinas de la fuerza conservadora a escala autonómica. El resto del edificio alberga la sede central del PP.
El magistrado sospecha que OHL abonó, como comisión por ganar el concurso de Son Espases, las obras de reforma de esa primera planta de Génova 13.
Ante la posibilidad de que la agenda de Granados estuviese declarada secreta por el juez Eloy Velasco, Castro ofreció la apertura de una pieza separada reservada para evitar que se filtre el contenido de ese documento.
De momento Velasco ha encausado por esa agenda a Javier López Madrid, un ejecutivo de OHL y yerno de Villar Mir, y a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid. En la agenda aparecen pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid a Beltrán Gutiérrez.
Años 2005 a 2006
Las pesquisas de Castro se centran en los años 2005 a 2006 cuando se llevó a cabo el concurso para levantar y explotar Son Espases. El instructor y la fiscalía anticorrupción sospechan que el entonces president del Govern Jaume Matas pactó con OHL la adjudicación a cambio de una comisión millonaria, que en todo o en parte pudo acabar en Génova 13.
El magistrado de Palma dirige una investigación respecto a la adjudicación del hospital Son Espases, la obra pública más costosa llevada a cabo en Balears, en la que están imputados, entre otros, el expresidente autonómico Jaume Matas y el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir. Este último ha negado haber pagado soborno alguno por el hospital, que finalmente fue adjudicado a la oferta liderada por Dragados, una empresa vinculada a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y que ha declarado como testigo.
En los últimos meses, Castro ha recabado numerosa información para tratar de determinar el trasfondo de la manipulación del concurso, como los datos sobre operaciones con terceros del PP entre 2000 y 2010.
También había solicitado ya al Ayuntamiento de Madrid los expedientes de las licencias de obras sobre la sede nacional del PP y anteriormente pidió al propio partido una relación de las obras de remodelación llevadas a cabo en todo el edificio, de las empresas contratadas y subcontratadas que las hicieron y las facturas pagadas.
En otra solicitud de finales del año pasado a la Audiencia Nacional, el juez instructor reclamó copia de la facturación presentada en el marco del llamado caso Bárcenas por la empresa que remodeló la sede de Génova 13, Unifica Servicios Integrales.
Obras menores sin licencia
Castro también se dirigió a la presidencia del Partido Popular para que le informara sobre las obras de reforma que se hubieran realizado en la primera planta de la sede central madrileña.
El partido informó hace unas semanas al instructor que hizo obras menores en el piso primero de su sede, pero que no solicitó licencia.
Con anterioridad el Ayuntamiento de Madrid comunicó a Castro de que no constaban en sus archivos expedientes sobre la reforma de Génova 13, unos trabajos que se hicieron a lo largo de varios años. Posteriormente, el mismo consistorio rectificó su primer escrito y remitió al juez varios expedientes sobre las licencias de obras en ese inmueble, entre los que no había ninguno correspondiente al piso primero.
Los conservadores decidieron comprar la finca el 29 de marzo del 2006, tras tenerla alquilada durante unos años a la aseguradora Mapfre.
