El exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán ha sido interrogado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, siete años después de ser detenido en la operación policial que dio impulso a esta causa. El arresto, producido en agosto de 2009 junto al de otros cuatro exaltos cargos y empresarios, generó una amplia polémica -permaneció tres días en los calabozos, el plazo máximo legal en la que una persona puede estar detenida antes de ser puesta a disposición judicial- y le llevó semanas después a dimitir del cargo. Desde entonces no había sido citado a declarar.

El exdirigente 'popular' ha comparecido este jueves tras ser emplazado por el magistrado y lo ha hecho en el marco de la pieza 18, centrada en el presunto sobrecoste en la adjudicación del videomarcador del Palma Arena, que ascendió a 1,9 millones de euros. Durán, quien presidía la Junta del Consorcio para la construcción de la infraestructura deportiva, ha defendido la legalidad del procedimiento y ha negado que se produjera irregularidad alguna en su tramitación.

Las acusaciones investigan las condiciones en las que fue adquirido el dispositivo electrónico y si se produjo un trato de favor hacia la empresa beneficiaria del proceso de adjudicación, Smart Vision, dentro del proceso de contratación al que también concurrió la empresa Odeco -vinculada a la concesionaria- así como otras tres mercantiles.

Durán ha defendido que se trataba de un proceso abierto en el que no se incurrió en ningún tipo de ilicitud por el hecho de que dos de las empresas pertenecieran al mismo grupo, y ha negado tajante haber cometido un delito de prevaricación.

Cabe recordar que tras la detención de Durán, su abogado, José Ramón Orta, recriminó el hecho de que permaneciera 72 horas en los calabozos teniendo en cuenta que "no había peligro" de que destruyera pruebas ni que se fugase de la justicia, debido a su arraigo familiar y laboral en la capital balear. Es más, recordó que el delito de prevaricación no conlleva pena de cárcel y aseveró que su cliente "no se llevó ni un café ni un duro del Palma Arena".

El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue interpelado en el Congreso sobre cómo se llevó a cabo el traslado de Durán y los otros cuatro detenidos desde las dependencias policiales a los Juzgados. Rubalcaba alegó que la conducción con esposas se debió a un olvido de las recomendaciones de la Jefatura Superior y la Delegación del Gobierno, que aconsejaban el traslado sin grilletes.

TAMBIÉN HAN COMPARECIDO 'PEPOTE' BALLESTER Y JORGE MOISÉS

Durante esta misma jornada han comparecido también en dependencias judiciales el exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester, quien se ha desvinculado de estos hechos, y el exgerente del Palma Arena Jorge Moisés, que se ha acogido a su derecho de no declarar.

En su interrogatorio, Ballester ha manifestado que conocía al comercial de Smart Vision, Ricardo Arroyo, a quien llamó para comentarle que se iba a poner en marcha esta tramitación, si bien ha manifestado que su objetivo no era el de beneficiar a nadie puesto que el procedimiento era abierto y cualquier empresario que estuviera interesado en el negocio podía presentar su propuesta.

El propio Arroyo negó en su día ante el juez Castro que el expediente estuviese amañado.

Esta es una de las 28 piezas en las que se divide el caso Palma Arena, que investiga el sobrecoste de más de 46 millones de euros en las obras del velódromo, considerado la infraestructura estrella impulsada durante la última legislatura de Matas. Las investigaciones vinculan con este supuesto desvío el elevado tren de vida llevado por Matas durante ese mandato y que no se correspondía con el nivel de ingresos que obtenía como presidente.