Balears es la comunidad autónoma con mayor número de delincuentes sexuales en relación a su población, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia e incluidos en un recientemente creado Registro Central de Delincuentes Sexuales. Dentro de unos meses los docentes no universitarios tendrán que presentar un certificado de no poseer antecedentes por abusos o agresiones sexuales para poder ejercer su profesión.
La comunidad que más casos tiene en relación a su población es el archipiélago balear, con 1.319 condenados incluidos en el registro a fechas actuales.
En las islas hay 1,19 delincuentes sexuales por cada 1.000 habitantes. Las estadísticas, no obstante, no tienen en cuenta la elevada población flotante del archipiélago, que en la temporada alta acoge cientos de miles de turistas.
Las ciudades de Ceuta y Melilla son las que más delincuencia sexual registran de toda España.
Después de Balears siguen Canarias, con 1,05 casos por cada mil habitantes y Murcia, con 1,02; mientras que la media nacional se sitúa en 0,87 casos. En el otro extremo figuran Madrid, con una incidencia de 0,64 casos por cada 1.000 habitantes, Galicia y Castilla-La Mancha, ambas con 0,73.
En términos absolutos las regiones donde se han juzgado más delitos de este tipo son Andalucía, con 7.600 condenados; Cataluña, con 6.164, y la Comunidad Valenciana, con 5.053. Las que menos casos tienen son La Rioja (303), Cantabria (522) y Navarra (549).
En los ficheros figuran solo los condenados, tanto mayores como menores de edad, con sentencia firme en territorio nacional u otro país, pero que mantienen la residencia en España. Además de la identidad y las penas y medidas de seguridad impuestas a estas personas también aparece su perfil genético (ADN) cuando la resolución judicial lo establece.
Aunque el registro no revela ningún dato de las víctimas de sus delitos, sí se especifica si son menores.
Datos no públicos
La información no es pública. Solo puede ser consultada por fiscales, jueces y tribunales de cualquier jurisdicción, policía judicial y organismos públicos que hagan procesos de selección de personal.
La gestión de la base de datos corresponde al Ministerio y quedará constancia de quien acceda y del contenido de su consulta.
En diciembre de 2015, cuando el Gobierno central dio luz verde a la creación del registro, los ficheros contenían 43.745 nombres de delincuentes de toda España.
Sin embargo, el 1 de marzo esa cifra se redujo a 40.782. La variación obedece a la cancelación de datos que se realiza de oficio o por petición del interesado una vez cumplida la sentencia. Los plazos de permanencia dependen de la gravedad del delito y siguen el criterio establecido en el Real Decreto 95/2009.
Treinta años para pederastas
Dejarán de aparecer en el Registro de Delincuentes Sexuales los menores condenados cuando cumplan 28 años, es decir, diez años después de alcanzar la mayoría de edad. Cuando el penado sea un adulto y la víctima un menor de edad, la cancelación se realizará transcurridos 30 años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena y no haya vuelto a delinquir.
Cuando quien cometa el abuso y su víctima sean adultos, el plazo dependerá de la sentencia. Figurará seis años en el fichero central cuando se trate de delitos menos graves con penas inferiores a tres años de prisión o multa económica. A partir de los tres años de cárcel, el plazo de permanencia será de 10 años y subirá a 20 cuando la condena sea de hasta 10 años de prisión. Llegará a 30 años cuando la sentencia sea de más de una década de reclusión, siempre que la víctima sea menor de edad.
Los docentes no universitarios españoles deberán presentar en los próximos meses su certificado de no tener antecedentes de delitos sexuales o podrán dar su consentimiento para que la Administración acceda al registro y lo verifique.
