La Agencia Tributaria recuperó a lo largo del pasado año 297 millones de euros como resultado de su actuación en la prevención y lucha contra el fraude fiscal realizada en Balears, lo que supone una media de más de 800.000 euros al día. Y además este importe no incluye todo el dinero obtenido a lo largo de 2015 en las islas, dado que este organismo dispone de un equipo dedicado a la lucha contra los grandes defraudadores, con sede está en Madrid y cuyos resultados no aparecen en la estadística balear pese a que se trate de contribuyentes con residencia en el archipiélago.
Tan relevante como la cuantía es la evolución que este importe ha registrado en las islas, ya que si bien esos 297 millones de euros de 2015 suponen una cantidad muy similar a la alcanzada en 2014, sí representan un incremento del 15% en relación a los resultados de 2013, y se sitúan un 47% sobre los alcanzados en 2011.
Hay un aspecto que se destaca muy especialmente desde este organismo: esa cifra no se refiere al presunto fraude detectado durante el pasado año, sino las cantidades que se han conseguido recuperar de esos defraudadores. Y se trata de una cifra que está mostrando un apreciable crecimiento que no se explica fundamentalmente por la reactivación de la economía, dado que los ejercicios que se están comprobando corresponden todavía a un periodo en que la caída de la actividad económica y la desaparición de muchas empresas iban acompañados de un recorte en las cantidades a tributar, de ahí que se ponga en valor el trabajo realizado por los servicios de inspección.
Según los datos facilitados por este organismo, este departamento realizó durante el pasado año en Balears más de 2.700 actuaciones de comprobación e inspección, lo que permitió incoar 1.900 actas. De estas, cabe destacar por su crecimiento el programa de sociedades y socios, con un alza del 39% respecto a 2014, y el control de devoluciones tributarias, con un 10%. Respecto al primero, la labor inspectora se centra en aquellos individuos que reciben ingresos por su actividad personal, pero que los hacen constar como obtenidos por una sociedad mercantil que han creado para así rebajar su tributación.
En el caso de la lucha contra la economía sumergida, se pone de relieve el respaldo que se ha dado desde las Unidades de Auditoria Informática, que participaron en 41 actuaciones realizadas en las islas durante 2015, una cifra que duplica la que se registraba en 2012. En este apartado, se destaca la labor desarrollada para la detección de los denominados 'software de ocultación' de ventas o de 'doble uso', es decir, de programas informáticos que suelen ser empleados por empresas que manejan dinero en efectivo de forma intensiva, ya sea porque realizan ventas al consumidor final como por formar parte de la cadena de distribución a otras empresas que venden al público, para poder declarar menos ingresos. Dentro de este último grupo, se destacan las inspecciones realizadas en las islas a un grupo de empresas relacionadas con la venta de calzado.
Aumento de los 'peinados'
Otro aspecto que se pone de relieve respecto a la actuación de la Inspección en Balears es el incremento que se ha registrado en los 'peinados', es decir, actuaciones en los que el personal de la Agencia Tributaria se desplaza para realizar las pertinentes comprobaciones, y que en el caso de las islas adquiere un peso muy relevante la vigilancia de los denominados alquileres sumergidos, especialmente en el caso de los chalés de alta gama, dado que son aquellos en el que el volumen de ingresos defraudados es más relevante. Estos controles en materia de economía sumergida supusieron la realización de 255 actuaciones en el archipiélago durante el pasado año, y se han finalizado 169 expedientes de visitas en relación a los citados alquileres, una cifra que prácticamente duplica la de 2014 (el crecimiento es del 83%).
En este campo, se señala también el trabajo que se ha llevado a cabo para obtener información de las empresas que actúan como intermediarias en la comercialización de esas viviendas de alquiler, en este caso con la ayuda de la anteriormente mencionada Unidad de Auditoría Informática.
En el ámbito de la recaudación y para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias, se han efectuado 362 investigaciones de movimientos financieros, básicamente para detectar insolvencias ficticias, lo que supone un incremento del 22% respecto a 2014 y 4,5 veces más las que se realizaron en 2012.
Con el fin de evitar vaciamientos patrimoniales (ventas o donaciones de bienes para que no puedan ser obtenidos por la Agencia Tributaria), se adoptaron durante el pasado ejercicio 114 medidas cautelares, una cifra que supone un incremento del 17,5% en relación a la de 2012. También se han realizado 753 acuerdos de derivación de responsabilidad (a terceros distintos del deudor principal, como en el caso de los receptores de donaciones realizadas por éste), un 52% más que en 2013 y siete veces más que en 2011.
Dentro de las actuaciones destacadas en el archipiélago durante 2015, se señala el plan especial de visitas en negocios de hostelería así como en los de venta al por menor de calzado y prendas de vestir, con un peso muy especial de las tiendas de souvenirs que se encuentran en las zonas de playa del archipiélago.
Igualmente, se citan los controles sobre unas 70 personas, mayoritariamente no residentes en las islas, en relación a la correcta tributación por la venta de inmuebles.
Fuentes tributarias señalan un caso curioso detectado en Balears: de la misma forma que se han detectado alquileres 'sumergidos' cuyos ingresos no son declarados, también se ha descubierto el caso inverso, consistente en declarar que se tiene un inmueble en situación de alquiler turístico cuando no es cierto y en realidad está ocupado por su propietario. El objetivo de esta última práctica es obtener en fraude la devolución de IVA soportado por la adquisición de la vivienda.
De la misma forma, se han realizado en las islas controles sobre devolución de IVA por la construcción de viviendas de alto nivel a contribuyentes que en teoría se dedicaban a la promoción inmobiliaria. Esa vigilancia ha permitido descubrir que esos inmuebles, tras muchos tiempo sin transmitirse, mostraban consumo eléctrico en su interior, de lo que se desprende que eran en realidad la residencia de su titular y que no estaban a la venta.
La labor de la inspección también ha abarcado los casos de empresas que deducían a sus trabajadores de la nómina las correspondientes retenciones, pero que estas cantidades no eran luego ingresadas en la Administración tributaria.
La vigilancia sobre los no residentes se ha aplicado igualmente ante los casos en los que éstos no declaran el Impuesto sobre el Patrimonio.
Plan de control 2016
Por lo que se refiere al plan de controles para este año, ya se adelantó que se va a volver a hacer especial hincapié en Balears en la vigilancia de alquileres, mayoritariamente de viviendas de alta gama, cuyos ingresos no son declarados, y en este sentido se destaca la utilización de la información conseguida durante los últimos ejercicios respecto al rastreo de páginas web en los que éstos se ofertan.
Igualmente, se mantendrá la vigilancia sobre la utilización de software de ocultación de ventas por parte de las empresas, y se dedicará un apartado específico a la vigilancia de patrimonios y rentas que se puedan estar ocultando en el exterior, campaña enmarcada dentro de las que se realizan para el conjunto del Estado.
Por lo que respecta a la labor desarrollada durante el pasado año en el conjunto del país, se señala que el importe recuperado fruto de este trabajo contra el fraude se eleva a 15.664 millones de euros, lo que en este caso supone una cifra récord y se supera en un 27,2% la obtenida en 2014. El importe total liquidado en España por los órganos de inspección alcanzó los 7.129 millones de euros (3.142 millones correspondientes a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes). Respecto a los ingresos procedentes de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, alcanzaron los 8.346 millones de euros.
