El Govern podrá declarar directamente la protección de una zona aunque cuente con el rechazo de más del 50 por ciento de la propiedad, sin tener que hacerlo a través de una ley singular en el Parlament como ocurría hasta ahora. Esta es una de las medidas incluidas en el proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado ayer por el Ejecutivo balear, que refuerza la función de la Comisión Balear de Medio Ambiente como órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, recordó que el cambio de esta Ley, que deberá cumplir cualquier proyecto que afecte al medio ambiente, se debe a la necesidad de adaptarse a la legislación estatal modificada en 2013. El Govern ha aprovechado esta obligación para adoptar medidas que supongan un mayor control en cuanto a la protección y para zanjar cuestiones polémicas que estaban en el aire.

Así, por ejemplo, se prohíben las party boats en zonas marinas protegidas. También entierra definitivamente el proyecto de campo de golf en Son Bosc, derogando la Ley de 2009 que tenía como único objeto declarar de interés autonómico esta iniciativa y que, a pesar de las sentencias en contra, todavía estaba en vigor.

En lo que se refiere a que el Govern pueda declarar la protección de una zona aunque la mayoría de sus propietarios no estén de acuerdo, explicó que en la actualidad cuando se producía una situación así la declaración de zona protegida debía hacerse a través de una ley en el Parlament, con toda su complejidad. A partir de ahora, una vez elaborado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y resueltas las alegaciones que puedan presentarse al mismo, será el Govern el que pueda adoptar la decisión, agilizando y facilitando así las declaraciones de zonas protegidas.

Como ejemplo, mencionó en varias ocasiones el caso de Tagomago, aunque siguió sin aclarar si el islote ibicenco será Reserva Natural. En este sentido, precisó que la Conselleria ha recibido ya la propuesta del Ayuntamiento de Santa Eulària y que "se está estudiando".

El proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental establece asimismo que el Estado deberá consultar de manera obligatoria a la Comisión Balear de Medio Ambiente para los planes programas y proyectos que deba evaluar, de tal modo que si no lo hace se declararán nulas las evaluaciones estatales, si bien el informe de la Comisión Balear no será vinculante. Vidal se refirió en concreto al caso de los proyectos de prospecciones petrolíferas, para los que a partir de ahora el Gobierno central estará obligado a consultar a la administración autonómica.

Además, el proyecto de Ley aprobado ayer contempla, entre otras cuestiones, que en la documentación de los estudios de impacto ambiental deberá incluirse un anexo de incidencia paisajística.