Los testigos tampoco pueden mentir. Esta exigencia legal, invocada con celo por la presidenta del tribunal del caso Infanta, no viene avalada por la realidad judicial española. Ni mucho menos en la mallorquina. Véase el Túnel de Sóller, donde todos los cargos del Govern mintieron sin ruborizarse para encubrir la concesión de la mayor obra pública de Balears hasta la fecha.
De ahí la inesperada alegría de encontrarse con un testigo que cuenta la verdad sin paliativos. Luis Tejeiro albergaba tal ansiedad por desgranar las fechorías de Urdangarin y Diego Torres que eclipsó a su hermano Miguel Tejeiro, la supuesta gran atracción de la jornada. El dolor colectivo, al confirmar que la hija del Rey contrataba al servicio doméstico como empleados ficticios de su empresa de consultoría, se alivia en cuanto el contable desmonta la patraña de la supervisión cotidiana del entramado corrupto a cargo de la Casa del Rey.
Otrosí sucede con el intermediario ciclista Juan Pablo Molinero, que no puede gozar de la simpatía de los mallorquines tras contemplar la fiereza inapelable a la que recurría para imponer su criterio a los dóciles funcionarios del Govern. Su imagen mejora cuando detalla el control férreo que Urdangarin y Torres ejercían sobre el entramado que compartían con la Infanta. No se movía ni un alfiler.
En su documentada locuacidad, los testigos van más allá de las acusaciones. Si perseveran en el ímpetu por vomitar los manejos de los familiares directos del Rey, el tribunal tendrá que moderarlos. "Por favor, no nos detalle toda la verdad. Mienta un poco, porque estamos en horario infantil". Las magistradas decidirán si Urdangarin y Cristina de Borbón forman una pareja de delincuentes, pero la jornada de ayer bastaría para etiquetarlos de mentirosos redomados. Sin entrar siquiera en los cobros de sueldos falsos, en sobres cargados de billetes negros.
Hay testigos neutros y testigos involucrados, demasiado próximos a la hoguera. Nadie sabe por qué fue consellera Rosa Puig. Por lo visto, ella tampoco. La titular de Presidencia firmaba sin lectura previa convenios por valor de 2,3 millones, gastados en farsas de dos días de duración y que equivalían al presupuesto de su conselleria durante meses. Entonces, ¿para qué cobraba exactamente un sueldo de miembro del Govern?, ¿hubiera advertido un descuento en su nómina, o tampoco la leía con una mínima atención? Dado que comparte sede laboral con Cristina de Borbón, no puede dejar de asombrar la relajación del nivel de exigencia financiero.
Sumisa hasta la extenuación mientras fue incomprensiblemente consellera, Puig ni siquiera respeta la fidelidad a la única persona que sería capaz de otorgarle un cargo público. Descarga así la responsabilidad sobre su superior, Jaume Matas, y sobre su subordinado, Pepote Ballester. Curiosa autoexención, dado que ella firmaba religiosamente en medio. Puede aducir en su descargo que nunca dejó de estampillar una orden superior, y eso que "recibía mucha firma diaria". La pregunta es otra, ¿hay alguna orden que se hubiera negado a cumplir?
