El Govern acordó ayer la firma de un convenio con el ministerio de Empleo y Seguridad Social que contempla el control de la gestión de los fondos de formación profesional por parte del Gobierno central. El convenio, por el que se dedicará 300.000 euros para desarrollar este año campañas específicas contra la precariedad laboral, la competencia desleal y la evasión de recursos públicos, establece un protocolo por el que el SOIB transmitirá los expedientes a la Inspección de Trabajo "para que esta revise la correcta impartición de los cursos de formación profesional."
El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, resaltó la "importancia" de este convenio en la lucha contra la precariedad laboral y el que Balears sea la primera Comunidad Autónoma en establecer un protocolo por el que Inspección de Trabajo controlará los cursos de formación profesional, con el objetivo de "perseguir el fraude" en la gestión de los mismos. Negueruela precisó que de este modo se refuerza el control, al añadir al efectuado desde la administración autonómica el de la administración central. "Supone un mejor control de los propios fondos, lo que es muy importante", declaró.
Para hacer efectiva esta medida, las conselleries de Trabajo y de Hacienda compartirán información y bases de datos con el Ministerio con el fin de llevar a cabo "actuaciones coordinadas para luchar contra la gestión fraudulenta de subvenciones y ayudas en esta materia".
En noviembre del pasado año el Govern ya dejó clara su decisión de cambiar la estrategia formativa, excluyendo a patronales y sindicatos para impartir formación a los parados, tras la investigación abierta por exigencia de la UE para determinar el uso que se había estado haciendo de estos fondos. Poco antes, el Ejecutivo balear ya había anunciado que firmaría un convenio de colaboración con la Inspección de Trabajo, que depende del Gobierno central, para que personal de este organismo colaborara en el control de los fondos que se otorgaran a través del SOIB para programas destinados a la formación de desocupados.
En cuanto a la investigación por las subvenciones que podrían haber sido fraudulentas, Negueruela dijo ayer que se continúa trabajando en la revisión de los expedientes. En 2014, Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por el presunto fraude con estos cursos entre 2007 y 2011, con el anterior Govern del Pacto, por parte de las patronales CAEB y PIMEB y de los sindicatos CCOO y UGT.
Por otro lado, el Govern también acordó ayer destinar este año 4,8 millones de euros a la integración laboral de personas con discapacidad, a través de cuatro convocatorias de ayudas y subvenciones a centros especiales de ocupación y a incentivar la contratación de discapacitados en el "mercado ordinario" laboral.
Negueruela resaltó que estos fondos suponen un 10,3 por ciento más que lo destinado el pasado año para la integración laboral de discapacitados y afirmó que con estas ayudas se podrán contratar este año "a más de 1.700 personas con discapacidad, lo que supone un 6,5 por ciento más que en 2015".
