En contra de la impresión superficial, un periodista se somete a criterios de verdad más exigentes que un juez, un fiscal o un policía. Estos funcionarios pueden acusar o condenar a una persona por asesinato, por supuesto en atención a pruebas que consideran irrefutables. Ahora bien, si una instancia superior les desmiente de arriba abajo, no sufren el mínimo desdoro en su reputación, ni mucho menos una reclamación indemnizatoria. Intenten la misma maniobra desde la prensa, por congruentes que sean los datos aportados para sustentar un relato factual hiriente para sus destinatarios.
Un periodista ha de llamar "presunto homicida" al hombre a quien ha visto apuñalar repetidamente a su víctima. En delitos de guante blanco, esta indefinición cambió bruscamente con Operación Mapau o caso Formentera, siempre desde Mallorca y a principios de este siglo. Por primera vez, la prensa estatal se sumó a la calificación de "trama de corrupción", sin presunciones y sin detallar por supuesto las identidades de los corruptos, que los tribunales redujeron a un nivel ínfimo.
Aquella labor pionera permite que hoy se hable sin tapujos de la red de corrupción de Nóos, a falta de asignar responsabilidades concretas. Altos cargos del Govern de Matas ya han aceptado la corona de espinas de corruptos, a cambio de rebajas. Entre los restantes acusados hasta alcanzar la cifra de 17, hay que deslindar la valoración ejecutiva circunscrita a la Audiencia de la evidencia solidificada por la acumulación de testimonios convergentes.
Tras escuchar a los empleados de Nóos, cabe concluir que los hermanos incluso políticos del Jefe de Estado no deberían mentir, y que sea lo que Dios quiera. El cuñado en ejercicio de un Rey en ejercicio viene obligado a ser especialmente escrupuloso con los hechos, por complicado que sea el lodazal en que se ha introducido voluntaria y remuneradamente. La responsabilidad de que incumpla este requisito de incorporación al entorno regio compete a su esposa, familiarizada desde la cuna con las exigencias subsidiarias a privilegios insondables.
Claro que difícilmente podría Cristina de Borbón imponerle un asomo de veracidad a su marido, cuando se amontonan los testimonios abrumadores de que la hermana del Rey también fue tacaña en hechos probados. Se dejó arrastrar por sus ansias de salpicar a la Casa del Rey, de la que ahora abomina.
Urdangarin depende jerárquicamente de la Infanta. La sociedad tiene derecho a reclamar a Doña Cristina que los interrogatorios de la pareja transmitieran un átomo de verosimilitud. El fiscal Horrach ya desmanteló decenas de contradicciones del exduque, los trabajadores de Nóos han rematado la faena.
Los subordinados de Urdangarin confirman que siguió mandando tras una expulsión ficticia a instancias de La Zarzuela, y que controlaba al "cien por cien" la trama lucrativa. Aunque solo sea por adhesión a la opinión mayoritaria, apuntalaremos esta opinión. En cuanto a la Infanta, cabe resolver otra paradoja, ¿cómo exculpar en lo principal, los dos delitos que se le imputan, a quien según sus empleados miente incluso en lo circunstancial?
