Los asuntos penales registrados por los dos juzgados de violencia sobre la mujer de Palma crecieron el año pasado, en relación a 2014, casi un seis por ciento, según refleja la memoria anual de la Justicia que ayer fue presentada por el presidente del Tribunal Superior, Antoni Terrasa, primero a la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, y después a los medios de comunicación.

Terrasa explicó cuáles son las jurisdicciones y órganos judiciales que sufren más atrasos por el elevado número de asuntos que tramitan. Entre los puntos negros de la justicia insular el magistrado destacó los siguientes: los juzgados de lo contencioso-administrativo de Palma, con competencias en todas las islas; los juzgados de lo social de Palma, que llevan los asuntos laborales de toda Mallorca; los juzgados de lo mercantil de la capital, con jurisdicción en toda la Comunidad Autónoma, y los juzgados civiles de Palma e Eivissa.

Ocho nuevos juzgados

La memoria, al igual que en ejercicios pasados, solicita la creación de ocho nuevos juzgados para paliar las principales disfunciones. tres civiles en Palma y uno en Eivissa; sendos de lo contencioso y de lo mercantil en Palma y dos de lo social en la misma ciudad. Terrasa añadió que, mientras se crean estos nuevos órganos, es necesario mantener los jueces de refuerzo asignados a los juzgados más colapsados.

El año pasado los juzgados de Balears recibieron 214.465 casos nuevos, de los que 154.150 fueron penales; casi 51.000 civiles; cerca de 7.000 de lo social y tan solo 2.421 demandas de lo contencioso.

Las causas penales disminuyeron casi 6 puntos, siguiendo la tónica de años anteriores, mientras que las demandas civiles aumentaron un 6,33 por ciento, los pleitos contra la Administración crecieron un 1,77 por ciento y la litigiosidad laboral disminuyó casi diez puntos.

Antoni Terrasa comentó que las estadísticas revelan que las consecuencias judiciales negativas de la crisis, como son los desahucios, concursos de empresas y particulares, ejecuciones hipotecarias, despidos y otras reclamaciones laborales se han incrementado ligeramente, pero no con la fuerza como para hablar de un repunte.

Para el presidente del TSJB la situación desde este punto de vista "está estancada".

Otro ámbito de la Justicia insular que sufre un crónico atasco es el sistema de ejecuciones de las condenas dictadas por los juzgados que juzgan delitos menores. Dos juzgados, penal 8 y 9, se ocupan de esas ejecutorias y, en palabras de Terrasa, van reduciendo paulatinamente el número de sentencias pendientes de cumplir.

El juzgado de lo penal 8 cerró el año pasado con casi 6.900 sentencias pendientes de ejecutar, frente a las 7.900 que le quedaron abiertas a finales de 2014. El juzgado de ejecutorias resolvió el último año 6.876 casos, entre ellos algunos muy sonados como las condenas por matar a golpes a un caballo o de hambre a un perro.

El presidente del TSJB insistió en otra petición tradicional: la necesidad de dotar de un tercer magistrado a la sala de lo Social, para que no dependa de otros jueces , y la creación de una nueva plaza de magistrado en la sección segunda de la Audiencia.

Terrasa destacó, por otro lado, que la sala de lo Penal asumirá este año las apelaciones a las sentencias penales de la Audiencia.