El Govern se va a quedar sin recaudar 5,6 millones de euros a causa de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que anula el cobro del impuesto de transmisiones patrimoniales a los establecimientos dedicados a la compra de oro, aunque desde este sector se advierte de que las campañas de inspección que la Agencia Tributaria balear ha realizado durante los últimos años por este concepto han generado ya el cierre de negocios y el despido de trabajadores.
Desde el Ejecutivo autonómico se reconoce la preocupación existente ante este fallo y ante la dureza del mismo, dado que condena a la Administración balear al pago de las costas judiciales. Sin embargo, se añade que mañana se va a celebrar una reunión con la Abogacía de la Comunitat Autònoma para analizar la posibilidad de entablar una batalla judicial en torno a este tema, pese a que sobre este fallo no cabe recurso ordinario alguno.
Según los datos facilitados por la conselleria de Hacienda, la campaña de controles iniciada a finales de 2012 sobre los establecimientos de compra de oro, con el fin de exigirles el pago del citado tributo, dio pie a 199 actas en las que se reclamaban 5,3 millones de euros a este sector, a los que se suman unos 300.000 euros más que algunos establecimientos optaron por abonar en fase voluntaria.
De estas 199 actas, unas 60 se registraron bajo conformidad de los empresarios, lo que supone el cobro de algo más de medio millón de euros, mientras que 139 no se han liquidado por disconformidad de la mayoría de estos contribuyentes, que optaron por recurrirlas y que han dejado algo más de 4,7 millones de euros pendientes de recaudar por parte de la Agencia Tributaria, pero que constaban como ingresos presupuestados.
El Govern, entonces en manos del PP, justificó la campaña de inspecciones alegando el enorme desarrollo que estos locales habían registrado durante los años de la crisis y, en su opinión, el incumplimiento generalizado en el pago de Transmisiones Patrimoniales. Dado que estos establecimientos tienen la obligación de disponer de un libro en el que constan todas las compras y que luego debe de ser remitido a la policía para su sellado, las inspecciones resultaron enormemente simples, dado que se limitaron a revisar esos libros para exigir el pago del tributo.
Impacto sobre el sector
El problema, según se destaca desde la Asesoría Salvá, que ha ganado esta sentencia para uno de sus clientes, es que estas cantidades, que no se habían abonado hasta entonces, se han reclamado por un importe equivalente al impuesto que debía de haberse abonado en los últimos cinco años, y cuando el oro ya había sido revendido por estos establecimientos por un valor que no tenía en cuenta esta carga fiscal. Y no es baladí, ya que equivale al 4% del valor de compra de estas joyas. Es decir, la reclamación de la Agencia Tributaria ascendió a cientos de miles de euros para alguna de estas firmas.
Eso ha supuesto, según se destaca, que algunos empresarios no han podido hacer frente a este desembolso y se han visto obligados a cerrar varios establecimientos, con la correspondiente pérdida de puestos de trabajo.
Según se señala desde la Asesoría Salvá, la sentencia del TSJB contra la actuación del fisco balear era previsible, por cuanto se han registrado decisiones similares en otras autonomías, lo que está llevando a algunas, como Andalucía, a devolver las cantidades recaudadas por este concepto.
