El martes que viene el Parlament iniciará los trámites para dar carpetazo a la polémica ley de Maternidad, que aprobó el anterior Govern de José Ramón Bauzá. Entre otros propósitos, la normativa impulsada por el PP perseguía minimizar el número de abortos en Balears.
La norma, aprobada a finales de 2014, contemplaba "el diseño de medidas y actuaciones dirigidas a garantizar y proteger el derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente el de las mujeres que se encuentren en situación de desamparo o riesgo social, propiciando el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial que permitan conseguir esta finalidad".
Protesta de los pro-vida
La ley fue una exigencia al PP de Bauzá de colectivos y entidades antiabortistas, que han protestado fuertemente con el cambio de gobierno al anunciar éste su intención de derogarla.
En su día la izquierda se opuso fuertemente a la aprobación del texto normativo, especialmente por contener artículos en apoyo "a la maternidad y la protección del concebido no nacido como principios del estado de bienestar social de la Comunidad de las Illes Balears".
En la sesión del martes PSOE, Podemos y Més recharazán las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el PP, El Pi y Ciudadanos, por lo que se prevé un intenso debate ideológico en torno al aborto.
Con toda intencionalidad, los tres partidos del Pacto han elegido esa fecha por tratarse del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha impulsado la derogación de la Ley de Maternidad, recibiendo las críticas de las entidades provida. "Esta ley solo ha creado un teléfono sin sentido para las mujeres embarazadas. Hace un año y medio que está y no ha hecho nada", criticó en agosto pasado la consellera, aseverando que "no tiene nada que ver" con las subvenciones a las entidades que ayudan a jóvenes embarazadas, que seguirán aun si se deroga la ley".
