Desbarajuste interno en la Conselleria de Turismo del vicepresidente del Govern, Biel Barceló (Més). Y estupefacción entre los guías turísticos de la comunidad, que ayer se vieron metidos en una reunión que describen como kafkiana. Acudían a la sede de Turismo para conocer de primera mano qué va a hacer el vicepresident y líder de izquierda nacionalista para hacer valer una sentencia que parece encajar a la perfección con sus postulados ideológicos: la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en enero, que según les detalló entonces Diario de Mallorca, daba la razón al Colegio de Guías Turísticos de la comunidad y exigía que los profesionales que ejerzan en las islas sepan castellano, catalán, un tercer idioma y tengan conocimientos sobre el patrimonio cultural e histórico balear, que es por otro lado lo que establece la Ley General Turística de Balears.
Pues bien, de la cita, los enviados del colegio sacaron dos conclusiones. Primera: el conseller y vicepresident simpatiza con su causa, o eso les dijo, dándoles esperanzas de resolución de un conflicto en el que llevan atascados cinco años. Y segunda y más importante conclusión de los guías: por ahora y por mucho que quieran creer a Barceló, da igual la simpatía que tenga por la causa el conseller, vicepresident y líder de la coalición econacionalista Més, porque la cúpula funcionarial de Turismo y los servicios jurídicos no están dispuestos a cambiar la política de habilitaciones de guías, con lo que seguirán aceptando una declaración jurada de los aspirantes como única prueba de que los candidatos saben catalán, castellano y un tercer idioma. Es decir, si dicen que saben, es que saben, y nadie lo comprueba. "El vicepresident se comprometió no obstante a intentar aumentar la inspección", conceden en el colegio, en el que quieren seguir confiando en el esfuerzo de Barceló.
"Casta funcionarial"
"Lo que creemos es que hay predisposición política, pero resulta que hay una casta funcionarial que solo pone obstáculos a la hora de variar lo que se ha hecho en los últimos años. Esta casta hace interpretaciones de la ley distintas a las que dice el Tribunal Superior, y más ultraliberales que las que hacen administraciones hoy gobernadas por el PP a nivel estatal", resumía Antoni Bennàssar, el abogado que ganó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia.
Esa larga batalla legal, en la que la administración se negó reiteradas veces con el Govern del PP de Bauzá incluso a facilitar las resoluciones favorables a la habilitación para evitar que las recurrieran, parecía zanjada hace un mes, con la sentencia de Gabriel Fiol, firmada también por los magistrados Pablo Delfont y Carmen Frigola. Los juristas sostenían en su fallo que la declaración jurada de inicio de actividad no podía ser el único mecanismo para acreditar la capacidad para ejercer de guía, por lo que la Conselleria de Turismo era responsable de hacer lo que no estaba haciendo: comprobar que se cumplen requisitos como saber castellano y catalán. "La administración debe tener la posibilidad, y está obligada a hacerlo, de comprobar que para desarrollar la actividad de guía, el solicitante reúne las cualidades profesionales que le habilitan para ello. Pero no lo hacía", decía la sentencia.
Aunque la conselleria sigue ignorando lo que dicen ley y jueces. Según recalca el propio Bennàssar, se llega al extremo de que uno de los profesionales inhabilitados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, obtuvo pocos días después de la decisión judicial una nueva habilitación para ejercer. Y esta vez no está firmada por un alto cargo del PP de Bauzá, sino por la directora general de Turismo nombrada por Més. "Por todo eso estamos estupefactos. Estábamos esperanzados por la sentencia, una victoria jurídica y judicial, y ahora nos topamos con que en la conselleria hacen que no sirva de nada. Vamos a informar al Tribunal", expresaba ayer el abogado del Colegio de Guías Turísticos, que denuncia que los funcionarios de la Conselleria dicen que ni siquiera va a revisar las habilitaciones de oficio, sino que van a tener que impugnarlas una por una. "No es la postura de los políticos, sino de los funcionarios", insisten en el Colegio Profesional, donde, "pese a la decepción", quieren dar "un voto de confianza" a Barceló, con la esperanza de que logre que los funcionarios de su departamento hagan lo que exigen la ley y el Tribunal.
