El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha asegurado durante el juicio del caso Nóos que el convenio para la celebración del denominado Illes Balears Forum, por cuyas dos ediciones el Instituto Nóos percibió hasta 2,3 millones de euros públicos, "nos vino dado por la Fundación Illesport", dependiente del Govern balear. "Nosotros presentamos el proyecto, pero la redacción no la hicimos nosotros", ha incidido.

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Torres lo ha manifestado así al inicio del interrogatorio por parte de la abogada de la Comunidad Autónoma balear, Mari Ángeles Berrocal, quien incide en sus preguntas en cómo se negociaron estos eventos, que se llevaron a cabo en Palma en los años 2005 y 2006.

Se da la circunstancia de que cuatro de los cinco exaltos cargos de las islas acusados en el marco de la causa han responsabilizado al quinto de ellos, el expresidente del Govern Jaume Matas, de las decisiones adoptadas a la hora de contratar con Urdangarin y Torres a cambio de la puesta en marcha de estas iniciativas, cuyo presupuesto nada tuvo que ver con el coste real -notablemente inferior- que supusieron.

Torres ha justificado que el objetivo del proyecto pasaba por celebrar una cumbre "muy especializada sobre las sinergias entre deporte y turismo, como el foro de Davos, salvando las distancias".

Tal y como ha abundado, "teníamos clarísimo lo que estábamos haciendo y era un patrocinio, que es a lo que se dedicaba el Instituto Nóos. Lo que no sabemos es cómo funciona una Administración". "El que haya una contraprestación por un evento cuya propiedad intelectual es de una entidad en concreto es un patrocinio. Esto estaba absolutamente clarísimo y a lo que nos dedicábamos era a la búsqueda de patrocinadores", ha insistido.

Convenio idéntico al del Valencia Summit

La abogada le ha preguntado cómo es posible, si el Govern fue el que elaboró el convenio para los foros de Baleares, que su redacción fuese "casi hasta en las comas" la misma que la de los convenios para el Valencia Summit, cuya primera edición se había celebrado en 2004 en la capital levantina. "Me parece lógico, el Instituto Nóos era el mismo", ha remachado Torres.

A juicio de la Fiscalía Anticorrupción, los contratos y convenios de colaboración rubricados fueron "fruto de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa y omitiendo intencionadamente el procedimiento administrativo correspondiente".