La fiscalía Anticorrupción no tiene por ahora ninguna intención de comprometerse a un pacto global con Maria Antònia Munar, como pretende la expresidenta del Consell de Mallorca. Se estudiará caso por caso y dependiendo de la gravedad de los hechos que se vayan a juzgar, se planteará la acusación que se considere acorde al delito que se ha cometido. El fiscal puede aceptar un pacto en los próximos asuntos judiciales que debe afrontar la expresidenta de Unió Mallorquina, siempre y cuando acepte la condiciones que le impondrán para llegar a un acuerdo que pasa, lógicamente, por una confesión y por la devolución del dinero.
Sin embargo, ayer Munar escenificó el primer acuerdo que ha alcanzado con el fiscal. Tanto ella como varios de los integrantes de la antigua cúpula de Unió Mallorquina fueron condenados por malversación de fondos públicos y prevaricación. Ninguno de ellos irá a la cárcel y los que están ahora en prisión cumpliendo condena por otros casos, no estarán ni un solo día más, siempre y cuando paguen la multa que les impondrá el tribunal. Este acuerdo le ha supuesto a Munar que, por primera vez, tenga que confesar ante un tribunal que cometió dos delitos, entre ellos el de malversación de fondos públicos que gestionaba en el Consell de Mallorca.
Para llegar a este acuerdo, la expresidenta del Consell ya ha tenido que pagar 36.500 euros. No es suficiente para que no cumpla más tiempo en prisión. Ayer aceptó una condena de nueve meses de cárcel, que se sustituirá por una multa de 18 meses, a razón de 12 euros diarios. Es decir, tiene que afrontar el pago de una multa de 10.800 euros, que con toda seguridad abonará en los próximos meses.
El juicio que se celebró ayer correspondía a una de las piezas del llamado caso Voltor. Se acusaba a la antigua directiva de UM de usar fondos públicos, a través de la empresa informática Cilma, que pertenece al Consell de Mallorca, para dedicarlos a la contratación de afiliados del partido. Contratación que sirvió para que estos empleados se dedicaran a buscar nuevos votantes para Unió Mallorquina, en vez de trabajar a favor de la empresa pública.
La fiscalía, en su primer escrito de acusación, reclamaba una condena global de 98 años de prisión para los 18 acusados. También reclamaba una indemnización de 430.000 euros. Pero tras el acuerdo alcanzado con las defensas esta acusación ha quedado minimizada. El fiscal Juan Carrau aceptó ayer retirar la acusación contra siete de los acusados, que abandonaron de inmediato el banquillo, mientras que para el resto les reclamó penas que se pueden sustituir con el pago de una multa. Para establecer este acuerdo con la fiscalía los once acusados restantes han tenido que abonar la responsabilidad civil, es decir, el perjuicio económico que ha sufrido la empresa Cilma, que finalmente se ha establecido en 200.000 euros. Cada acusado ha pagado su parte, en función de su grado de responsabilidad en este proceso judicial.
Otros dirigentes de Unió Mallorquina también tuvieron que confesarse ayer culpables ante el tribunal, como requisito necesario para firmar este acuerdo. Así, el tribunal condenará a Miquel Nadal, Francesc Buils (ambos están en prisión), Miquel Àngel Flaquer, Eugenia Cañellas, Maria Antònia Vidal, Eugenio Losada, María José Rodríguez, José Lliteras, María Esperanza Massanet y Coloma Castañer. Varios de ellos han sido ya condenados por otros casos de corrupción y otros todavía tienen otros procesos pendientes.
Asociación ilícita
Una de las novedades que arrastraba este caso de corrupción es que la fiscalía había calificado a Unió Mallorquina de asociación ilícita. Es decir, que el partido se había convertido en una organización para delinquir. Esta acusación ha sido finalmente eliminada, como consecuencia de este pacto, y sobre todo ante la dificultad que suponía demostrar en un juicio que los políticos de la desaparecida Unió Mallorquina habían decidido una actuación conjunta con el único propósito de delinquir a través de la gestión de instituciones públicas. Una vez retirada esta acusación de asociación ilícita, que agravaba especialmente la pena que se solicitaba, no está previsto que se vuelva a plantear en los casos que aún quedan pendientes.
Tercera condena
Este juicio que quedó resuelto ayer representa la tercera condena contra Maria Antònia Munar, que lleva más de dos años encerrada en la cárcel de Palma. Una vez más se pudo apreciar el cambio físico que ha sufrido la que hasta no hace mucho tiempo era la política más influente de Mallorca, con el poder suficiente para decidir la presidencia del Govern. Munar volvió ayer a repetir el color negro que ya vistió la semana pasada cuando tuvo que declarar ante un juez de instrucción por otra subvención irregular que aprobó cuando presidía el Consell de Mallorca.
En el banquillo se sentó junto a Miquel Nadal, pero ni siquiera se saludaron. Tampoco saludó a ninguno de los otros acusados. Se limitó a manifestar desde el micrófono su confesión, es decir, que se declaraba culpable de malversación y prevaricación, y a ratificar el acuerdo que había alcanzado con el fiscal.
Anticorrupción no quiere suscribir un pacto global con Munar porque entiende que la gravedad del delito que se ha cometido no es la misma en todos los casos. Es decir, no quiere que se castigue del mismo modo que Munar aprobara una subvención y que el dinero se destinara al partido, a que hubiera recibido un soborno económico a cambio de la manipulación de un proceso para vender un solar público, como es el caso Can Domenge.
