"Con la Constitución hemos avanzado más que en dos siglos, pero ya no da más de sí"

Invitado por la Fundació Emili Darder y el Ateneu Pere Mascaró, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y comentarista político ofreció ayer una conferencia en la que explicó la tesis en la que argumenta la imposibilidad española de llevar a cabo una reforma de su carta magna, recogida en el ensayo La reforma constitucional inviable.

"Desde 1988, año en que publiqué mi primera obra sobre el asunto, ha sido una de mis principales preocupaciones, cuando en todos los demás países occidentales las reformas se han llevado a cabo con normalidad", apuntó. "De hecho, si prescindiéramos del título diez de la Constitución, el dedicado a la reforma, todo el sistema político y jurídico del Estado se vendría abajo", dijo Pérez Royo. "Porque la reforma constituye una función jurídica positiva y puede decirse que el Estado no asume plenamente su carta magna hasta que no la cambia".

"Con la Constitución de 1978 -argumentó- parecía que finalmente las cosas podían ser distintas, daba la impresión por primera vez que la sociedad iba a ser capaz de superar esa histórica asignatura pendiente, así como consiguió que el poder militar dejara de tutelar al civil, que la monarquía se ligara a una forma democrática de gobierno y al sufragio universal, que los derechos humanos se defendieran igual que en los países de nuestro entorno, que las relaciones laborales se llevaran a cabo mediante la negociación colectiva o que la Iglesia ya no fuera un problema para el sistema político".

"En estos cuarenta años de carta magna hemos avanzado más que en dos siglos", aseguró. "La experiencia ha sido positiva, pero seguimos con la asignatura pendiente de la reforma constitucional, que significaría la auténtica renovación jurídica y política del Estado", subrayó. "Y la primera razón es que la Transición no fue sólo un paso a la democracia. Fue, sobre todo, una restauración monárquica. En consecuencia su primer objetivo fue que la monarquía no se pusiera en cuestión y que el binomio monarquía-república quedara fuera del proceso constituyente, con la figura del Rey como dato previo no sometido a debate", explicó. "A partir de ahí -continuó- y utilizando la división territorial no democrática de la provincia se diseñó un sistema electoral proporcional con una desviación calculada del voto y el principio de igualdad para favorecer un bipartidismo que generara estabilidad para la corona", dijo el catedrático. "Algo que es perceptible incluso en los resultados de las últimas elecciones, en las que, de todas las combinaciones, la más estable sería la de la coalición entre los dos partidos mayoritarios", consideró. Así que la Constitución del 78 es un texto fundamentalmente "monárquico, bipartidista y antifederal, un corsé que hoy ya no da más de sí", concluyó Pérez Royo. "Pero el órgano que debería reformarlo, las Cortes, no lo permite, con su Senado provincial de mayorías". Para el catedrático, la única salida sería que "Congreso y Senado reconocieran su problema de legitimidad. De otra forma, la sociedad no podrá dirigirse de un modo más democrático". Y apuntó: "La gran diferencia con una ley, es que una Constitución o un Estatuto necesitan la adhesión ciudadana. Y eso es lo que sucedió en Cataluña tras la anulación del Estatut por el Constitucional, un texto negociado, pactado con el Gobierno y votado".