El Govern aprobó ayer el Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones, que ahora deberá recibir el visto bueno del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El objetivo de este plan es lograr una "actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, a partir de las medidas que cada administración debe aplicar en el ámbito de sus competencias", según explicó el portavoz del Govern, Marc Pons. La inversión prevista es de 5,4 millones de euros.

La evaluación preliminar del riesgo, aprobada en 2014, identificó 43 áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) en Balears, 11 de ellas en áreas fluviales con una longitud total de 31,06 kilómetros y 32 en zonas costeras, que tramita el Ministerio, con una longitud de 60,69 kilómetros. En lo que se refiere a las zonas fluviales, se trata de los torrentes de na Bàrbara y torrent Gros (Palma), Coanegra (Marratxí), Riuet-torrent de Ca n'Amer (Manacor-Sant Llorenç des Cardassar), ses Planes (Sant Llorenç des Cardassar), Marc-torrent de Sant Jordi (Pollença), torrente Major de Sóller, Sa Llavanera (Eivissa), Campos, Peguera y Santa Ponça.

Tras la identificación de las zonas, se elaboraron los mapas de peligrosidad y riesgos, con las potenciales consecuencias de inundaciones según el nivel de probabilidad de que se produzcan. Los mapas han tenido en cuenta los usos del suelo que podría quedar afectado, el valor diferente de riesgo que supone una inundación según el número de habitantes que podrían verse afectados, el tipo de actividad económica de la zona, la presencia de instalaciones que pueden causar contaminación accidental, estaciones depuradoras o zonas protegidas.

La última fase era la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones, en el que se fija para cada área de riesgo las actuaciones que se deben realizar de acuerdo con cada administración competente en esta materia. El objetivo es reducir el riesgo en la medida en que sea posible o que no aumente, a través de programas de actuación que incluyen medidas de prevención vinculadas a la ordenación territorial y la conservación, así como de protección y de preparación, incluyendo la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta según las características de la cuenca o la subcuenca hidrográfica.

Pons admitió que, dado que el Gobierno central está en funciones, la aprobación por parte del Ministerio puede tardar todavía meses. Añadió que, aunque en estos momentos exista un serio problema de sequía, el riesgo de inundaciones no desaparece.

Tampoco está vinculada a la sequía otro de los acuerdos adoptados ayer por el Consell de Govern, el de destinar 42,9 millones de euros a la Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental (ABAQUA) entre este año y 2018, repartidos en tres anualidades de 14,3 millones, para los costes de conservación, mantenimiento y explotación de las 54 depuradoras de aguas residuales de Mallorca que gestiona esta empresa pública dependiente de la conselleria de Medio Ambiente.

Por otro lado el Govern acordó aportar a FOGAIBA, también dependiente de la conselleria de Medio Ambiente, 2.154.239 euros entre el próximo año y 2021 para distintas líneas de ayudas a la agricultura, como el fomento de la producción integrada, la agricultura ecológica y las razas autóctonas en peligro de extinción.