El juez del caso Son Espases, José Castro, ha pedido a la Audiencia Nacional la agenda del exconsejero madrileño Francisco Granados en que se basan las últimas actuaciones del caso Púnica por si contuviera datos sobre el presunto fraude en la adjudicación del hospital de referencia de Balears.
En una providencia hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el titular del juzgado de instrucción 3 de Palma solicita al juzgado 6 de la Audiencia Nacional "testimonio" de la agenda que se intervino a Granados en un registro en su domicilio, documento en el que figuran anotaciones sobre la presunta financiación irregular del PP.
Castro reclama también "cuanta documentación guarde relación con las obras de reforma que se hayan realizado en la planta primera del edificio sede del Partido Popular sito en la calle Génova número 13 de Madrid" y ofrece la apertura de una pieza separada secreta en caso de que los documentos que pide estén sometidos a secreto en la instrucción que dirige el juez Eloy Velasco.
El magistrado de Palma dirige una investigación respecto a la adjudicación del hospital Son Espases, la obra pública más costosa llevada a cabo en Balears, en la que están imputados, entre otros, el expresidente autonómico Jaume Matas y el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir.
En la misma providencia, Castro se dirige a la "presidencia del Partido Popular para que informe sobre las obras de reforma que se hayan realizado" en la citada primera planta de la sede central de la organización política. También le solicita que aporte el proyecto arquitectónico, el presupuesto y la licencia de obras, además de información sobre quién fue la empresa que la ejecutó y "facturas que obren en su poder".
El juez Castro investiga si el amaño del concurso para la adjudicación del hospital de Son Espases a OHL, que pese a resultar frustrado ha sido admitido por varios imputados en la causa, fue una contraprestación a la constructora por financiación irregular del PP. En los últimos meses, el instructor ha pedido numerosa información para tratar de determinar el trasfondo de la manipulación del concurso, como los datos sobre operaciones con terceros del PP entre 2000 y 2010.
También había solicitado ya al Ayuntamiento de Madrid los expedientes de las licencias de obras que hayan afectado a la sede nacional del PP y anteriormente pidió una relación de las obras de remodelación llevadas a cabo en todo el edificio, de las empresas contratadas y subcontratadas que las hicieron y las facturas pagadas.
En otra solicitud de finales del año pasado a la Audiencia Nacional, el juez reclamó copia de la facturación presentada en el marco del llamado caso Bárcenas por la empresa que remodeló la sede de Génova 13, Unifica Servicios Integrales.
