Los tres gestores de la administración de Valencia, que intervinieron en la contratación de los proyectos que encabezó el Instituto Nóos para la organización de tres ediciones de los llamados Summit, defendieron ayer el sistema utilizado para financiar estas jornadas. Nóos, tras la intervención directa de Iñaki Urdangarin, logró que la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) dedicara 3,1 millones de euros para pagar los gastos de estos encuentros con la presencia de expertos en deportes y turismo.

El que fuera director de esta empresa pública, Jorge Vela, a quien la juez llamó la atención por el tono de sus respuestas, afirmó que ninguna institución pública de Valencia cuestionó jamás el sistema de contratación de Nóos, que se hizo de forma directa y sin concurso. Vela explicó que, pese a que la empresa es de carácter público y pertenece a la Generalitat, está autorizada a realizar contrataciones que se rijan por el derecho privado. Es decir, que no es necesario someterlas a concurso. Y en concreto, consideró que la contratación del Instituto Nóos, a través de un acuerdo de patrocinio, había seguido todos los procedimientos legales, puesto que ninguna institución fiscalizadora de Valencia le advirtió de su ilegalidad.

La que fuera directora de gestión de Cacsa, Elisa Maldonado, coincidió en líneas generales con el que fue director de esta empresa pública. Esta trabajadora realizó un informe que avalaba el método de contratación. Ella no intervino en la negociación con la empresa de Urdangarin, pero sí tuvo la responsabilidad en la liquidación de los gastos. Maldonado señaló que, al tratarse de un patrocinio y no de una subvención, el Instituto Nóos no tenía ninguna obligación de justificar gastos, afirmación que cuestiona la fiscalía Anticorrupción.

La acusación sospecha, porque así lo declaró la acusada en una declaración ante la Policía, que Maldonado falsificó la fecha de un informe para justificar la contratación de Nóos. La mujer rectificó esta afirmación cuando declaró ante el juez Castro. Ayer, a preguntas de la fiscal Ana Lamas, afirmó que "nunca" había redactado un informe que pudiera dar apariencia de legalidad a un acuerdo, ni pretendía simular ninguna decisión anterior. Maldonado aseguró que no era necesario ningún informe jurídico ni económico para tramitar la contratación del Instituto Nóos por tratarse de un patrocinio. Explicó que su informe tenía como objetivo valorar la inversión con dinero público que había realizado en la organización de estos encuentros turísticos y la repercusión que había tenido. Consideró que se trataba más bien de hacer una valoración estratégica de la empresa, por lo que pidió datos al departamento de comunicación para valorar la repercusión pública que había tenido este patrocinio. Maldonado insistió en que la función de la empresa no era ejecutar una fiscalización del gasto de la organización de estos congresos, sino comprobar que se habían cumplido los acuerdos, sobre todo con respecto a que quedara claro que el principal patrocinador era la empresa Cacsa.

Por su parte, José Manuel Aguilar, el que fuera director de Cacsa en el año 2004, cuando se firmó el primer contrato con Nóos, reconoció ayer que nunca realizó ninguna comprobación para comprobar la solvencia económica del Instituto Nóos, a pesar de que se había aprobado una partida de más de un millón de euros anuales para dedicarlo a la organización de estas jornadas de Summit. Aguilar defendió su decisión de patrocinar este congreso y dijo que nunca intervino el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Aseguró también que no sabía que detrás del Instituto Nóos se encontraba la figura de Urdangarin.