El Govern anima a los usuarios a reclamar ante cualquier posible interrupción de tratamientos dentales por un eventual cierre de las clínicas Vitaldent en las islas.
Desde la dirección general de Consumo, Xisco Dalmau indicó que ayer no registraron ninguna queja tras la detención de la cúpula de Vitaldent, dado que los centros que hay en Balears siguieron funcionando y atendiendo con normalidad. En el caso de que la operación policial acabara implicando un cierre, desde Consumo ya dan por supuesto un "alud" de reclamaciones.
Dalmau indicó que ahora mismo su dirección general tiene un expediente sancionador abierto a una franquicia dental, pero no concretó si es contra Vitaldent. Apuntó que en 2015 se presentaron seis reclamaciones contra este tipo de negocios, lo que es una cifra pequeña respecto al volumen total de quejas que tramitan cada año, que suele rondar las 16.000 reclamaciones. Las quejas suelen centrarse "en publicidad engañosa o en problemas con la financiación pactada". El director general aseguró que han detectado franquicias dentales que funcionaban sin licencia para ejercer su actividad. Las clínicas están obligadas a tenerla, así como la autorización del organismo competente y un seguro de responsabilidad civil (la clínica y cada dentista debe tenerlo).
Recordó que los usuarios tienen derecho a: conocer su diagnóstico, el presupuesto y el tratamiento de forma desglosada y clara; exigir que se cumpla lo que la clínica dice en su publicidad; una factura desglosada por trabajos; financiar el tratamiento "con quien quiera"; una garantía (suele ser de dos años); tener información del fabricante; elegir laboratorio; acceso al historial clínico; no firmar lo que no se entienda; y a no pagar por adelantado el tratamiento.
