Francesc Buils, el exconseller de Turismo del Govern, y Miquel Angel Flaquer, antiguo presidente de Unió Mallorquina, sumaron ayer una nueva condena por un caso de corrupción. Ambos políticos confesaron que habían cobrado un soborno de 2.000 euros cada uno a cambio de amañar un concurso público. Se les declara culpable de cohecho y fraude. Sin embargo, esta confesión, debido sobre todo a que han devuelto el dinero y han pagado el perjuicio que ocasionaron, les ha supuesto una importante rebaja. En el caso de Buils, que lleva más de tres años en prisión, será condenado a ocho meses, pero el fiscal pedía inicialmente once años de cárcel. Para Flaquer, frente a una petición de nueve años de cárcel, la sanción queda limitada al pago de una multa de 5.400 euros.

La sentencia, que es el resultado de una conformidad escenificada en el juicio que se celebró ayer en la Audiencia, también condenará al exgerente de Cilma, la empresa pública informática del Consell, quien también cobró un soborno de 30.000 euros por el amaño del concurso. Eugenio Losada, sobre el que se ha tenido en cuenta que decidió colaborar con la fiscalía tras ser descubierto por este caso, aportando importante información, será sancionado con una multa. La sentencia también condena a los dos propietarios de la empresa Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, que consiguieron estos contratos público tras sobornar a los políticos. Estos dos empresarios se beneficiaron de dos concursos públicos, uno para el Consell de Mallorca y el otro para la empresa Inestur, que dependía de la conselleria de Turismo.

Se trataba de un proyecto para instalar un sistema telefónico de información turística. El primer concurso lo impulsó Buils cuando fue conseller del Consell de Mallorca y aprobó un presupuesto de 630.000 euros. Al año siguiente, al instalarse en el Govern balear, el proyecto costó 780.000 euros. Antes de aprobar este sistema de comunicación, que la empresa Minser subcontrató después a otra sociedad, Buils y Losada viajaron gratuitamente a Dallas para ver las instalaciones de la empresa que explotaba este servicio.

A pesar de que la administración se gastó más de un millón de euros para este proyecto, en los meses que funcionó apenas se recibieron 50 llamadas.