El pleno del Consell aprobó ayer por unanimidad instar al Parlament a incluir en el proyecto de ley de impuesto turístico que se tenga en cuenta "la proporcionalidad y territorialización de todas las inversiones que se financien" con los fondos recaudados, además de elaborar un informe anual que contemple estos extremos. La propuesta, impulsada por el PP, fue consensuada con el resto de los grupos cambiando así su redacción inicial, en la que el PP pedía que parte de los ingresos de la ecotasa fueran a parar al fondo de convergencia del sistema de financiación de los consells. En el debate, la popular Margalida Roig reprochó al Gobierno insular que no haya presentado alegaciones al proyecto del Govern, cuando los otros consells sí han reclamado participar en los ingresos de este impuesto. Cosme Bonet, conseller insular de Economía y Hacienda, replicó que "lo importante para el Consell" será el reglamento de aplicación de la ecotasa, por lo que será durante su elaboración cuando el Gobierno insular planteará sus reclamaciones para garantizar la territorialidad en el reparto. Por otro lado, el pleno aprobó, con el único voto en contra del PP, una moción de Ciudadanos por la que se pide realizar con "la máxima celeridad" las gestiones necesarias para que el Consell Consultiu de Balears se pronuncie sobre si el Consell puede suspender el Nivel 33, el plus que cobran los funcionarios expolíticos, al igual que ha hecho el Govern, con el fin de eliminarlo ya definitivamente, como pide también Ciudadanos en el Parlament.