Los tres directores de instituto de Maó que fueron expedientados por el anterior Govern del PP acusados de desobediencia en la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) explicaron ayer a la juez María Pascual, magistrada de refuerzo en instrucción 3 de Palma, el calvario que sufrieron durante más de dos años por aquella medida disciplinaria que acabó en archivo. Los docentes se ratificaron en su querella, por presunta prevaricación, contra Guillem Estarellas, exsecretario de la conselleria de Educación en esa época; Bartolomé Isern, exdirector general de Recursos Humanos, y José Ramón Mestre,el inspector de educación que tramitó el expediente contra ellos.
Jaume Bonet, Rafel Andreu y Margalida Seguí, acudieron ayer a los juzgados de Vía Alemania para explicar su querella a la instructora. Los tres docentes se desplazaron desde Menorca.
Cuando formularon la querella, en abril del año pasado, Margalida Seguí manifestó que la acción penal era una cosa meditada y fundamentada, no fruto de un arrebato y buscaba que un caso similar no se repitiera nunca contra ningún profesor, director de centro o funcionario.
Los tres fueron expedientados el 31 de julio del 2013 y no fueron exonerados de culpa hasta el 2 de octubre de 2014, cuando se archivaron los procedimientos por no ser los hechos constitutivos de falta alguna.
La querellante manifestó que los expedientes tuvieron un claro "carácter político" y fueron notificados por el Govern del PP antes a la prensa que a los afectados "en un claro intento de de intimidar al resto de directores" que se oponían al TIL.
La querella tilda el proceso disciplinario de "arbitrario e injusto" y enumera una serie de irregularidades que darían pie a la prevaricación.
Los expedientes se abrieron 24 horas después de que los consejos escolares y comisiones de coordinación pedagógica de los institutos tomaran decisiones respecto a la aplicación del TIL.
"Fueron incoados sin informes ni actas de ningún inspector ni sin reclamar información o documentación a los centros", apuntan los querellantes.
Primero se les imputó una falta muy grave de desobediencia a un superior y se decretó su suspensión de funciones y sueldo durante tres meses. "Pasado un tiempo, en lugar de cerrar los expedientes al ver que no había ninguna conducta sancionable, el instructor cambió los hechos y la calificación de la falta, al mismo tiempo que alargaba la suspensión de funciones directivas vinculando a la resolución del expediente", prosigue el relato.
Otra anomalía incluidas en la denuncia fue el parón de los expedientes durante 7 meses. La consellera de Educación, Núria Riera, archivó los expedientes por falta de tipificación de la conducta de los directores el 2 de octubre del 2014.
