El expresidente Jaume Matas cerró ayer definitivamente el acuerdo con la fiscalía Anticorrupción fiscalía Anticorrupción para el juicio del caso Nóos que debe afrontar la próxima semana, en el que se sienta en el banquillo de los acusados con una propuesta de once años de cárcelonce años de cárcel. El acuerdo pasa por confesar los delitos que le imputan (al menos la mayoría) a cambio de una reducción drástica de la propuesta de sanción que pretende solicitar la fiscalía Anticorrupción. El acuerdo es definitivo, si bien no será hasta el final del juicio cuando se establecerá las penas que deberá cumplir el expresidente por autorizar los negocios que le propuso Iñaki Urdangarin.
Los fiscales Anticorrupción, Pedro Horrach y Ana Lamas, habían citado para el día de ayer a los abogados de los imputados que se habían mostrado especialmente interesados en alcanzar un pacto previo al juicio. Por ello, tres abogados, que representan a cuatro antiguos altos cargos del Govern, incluido su presidente, visitaron la sede de la fiscalía para concretar los últimos flecos de este acuerdo, que puede ser clave durante el desarrollo de los interrogatorios. Una de las entrevistas que mantuvieron los fiscales fue con el abogado José Zaforteza quien, junto a su compañero Miguel Arbona, ejerce la defensa del expresident Matas. Los letrados le comunicaron el interés especial que tenía su cliente en alcanzar un acuerdo, que lógicamente pasaba por confesar los delitos. La fiscalía se muestra dispuesta a aceptar esta confesión, e incluso a premiarla, si bien en la reunión de ayer, según señalaron fuentes próximas al caso, se acordó que las penas no se concretarán hasta la fase final del juicio. Todo dependerá del desarrollo de los interrogatorios y, sobre todo, de la prueba que se practique durante el juicio.
La confesión de Jaume Matas, lógicamente, arrastrará a Iñaki Urdangarin y a Diego Torres, que también se han mostrado un interés en llegar a un acuerdo con la acusación pública, que con toda seguridad se concretará durante el desarrollo del juicio. El expresident había intentado justificar sus decisiones al contratar los proyectos que encabezaba el cuñado del Rey. Aunque nunca quiso declarar sobre este asunto ante el juez Castro, en un programa de televisión llegó a justificar la contratación, sin ningún tipo de concurso, de Urdangarin, precisamente porque se trataba entonces del yerno del monarca. Pero Jaume Matas se ha dado cuenta que en estos momentos esta estrategia de defensa tiene pocas posibilidades de convencer al tribunal de que es inocente, por lo que ha decidido cambiarla y alcanzar un pacto con la acusación. Sería el primer acuerdo que suscribiría el expresidente desde que fuera imputado por corrupción, ya que en los dos juicios que ha afrontado se negó a pactar con el fiscal.
Otros altos cargos
Pero no fue el abogado de Matas el único que se acercó ayer a la fiscalía para negociar un acuerdo. También lo hicieron los letrados de otros tres acusados, e incluso uno de ellos, Juan Carlos Alía, antiguo gerente de Ibatur, estuvo ayer presente, junto a su abogado, José Ignacio Herrero, cuando se negociaban los últimos flecos de este acuerdo con Anticorrupción. El letrado Gaspar Oliver, que representa a Gonzalo Bernal, exgerente de la fundación Illesport, y Miguel Ángel Bonet, antiguo jefe del departamento jurídico de Ibatur, también se entrevistó con los dos fiscales Anticorrupción para ultimar los pormenores de este acuerdo. El pacto que se alcanzó es que la acusación tendrá en cuenta esta confesión. La fiscalía no concreta de momento las penas que solicitará contra ellos, si bien se descarta que puedan ingresar en prisión por su intervención en los proyectos que encabezaba el instituto Nóos. Las penas definitivas, al igual que con Jaume Matas, no se determinarán hasta la fase final del juicio, en la que Anticorrupción anunciará las atenuantes que aplicará con respecto a estos tres antiguos altos cargos del Govern.
Tanto Alía, como Bernal y Bonet ya confesaron desde el primer momento las irregularidades que les atribuyen. Lo dijeron en la fase de instrucción ante el juez Castro y volverán a hacerlo la próxima semana cuando declaren ante las tres magistradas que forman el tribunal de la Audiencia. Reconocieron que no se respetaron los procedimientos administrativos para favorecer los proyectos que encabezó Urdangarin, pero que siempre cumplieron órdenes de sus superiores.
