El Parlament pidió ayer al Gobierno que modifique la legislación precisa para que el descuento de residente se aplique también a las tasas aeroportuarias con el fin de reducir más el precio de los billetes.
La Comisión de Turismo de la cámara autonómica aprobó por unanimidad una proposición no de ley en este sentido planteada por el PSIB.
El autor de la propuesta, el socialista Damià Borràs, señaló durante el debate que en vuelos entre los aeropuertos de Balears y Madrid y Barcelona el coste de las tasas alcanza los 30 euros, lo que en ocasiones supera la tarifa.
"AENA tiene unos ingresos altos y gran parte de los beneficios provienen de los aeropuertos de Balears, con lo cual está más que justificada la aplicación del descuento de residente también a las tasas", sostuvo el diputado.
Además, la Comisión de Turismo aprobó, igualmente con el respaldo de todos los grupos, otra proposición no de ley en la que se reclama al Ejecutivo central que revise la declaración de obligación de servicio público de las rutas interinsulares para revisar a la baja las tarifas en consonancia con las reducciones del Índice de Precios de Consumo (IPC).
La proposición no de ley fue presentada fue por Més per Menorca con el objetivo, entre otros, de reclamar al Ministerio de Fomento que no solo repercuta en el precio de los vuelos de la Obligación de Servicio Público entre las islas las subidas del IPC, sino también las bajadas.
El diputado de Més per Menorca Nel Martí denunció en ese sentido que a la hora de tomar medidas sobre conectividad aérea, el Ministerio de Fomento "ha pensado más en las compañías que en los ciudadanos de Balears" y se ha preguntado "por qué cuando baja el IPC los precios del billete de avión no son más baratos".
En su exposición de motivos, la formación nacionalista de Menorca recordó que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante varios meses de los años 2014 y 2015 las tasas anuales de variación del índice de precios al consumo han sido negativas.
Martí subrayó que en el año 2003, cuando se firmaron las condiciones del servicio público entre islas se especificó que "el Ministerio de Fomento podrá modificar la tarifa máxima (hoy sustituida por una de referencia) en proporción a la subida de los costes experimentada". Este aspecto es el que ha llevado a la formación a afirmar que "resulta evidente que la declaración de servicio público se hizo a favor de las compañías y en un momento económico en el que no era previsible que el IPC fuese negativo", una situación que, según denunció el diputado en su exposición, "genera indefensión en el consumidor".
