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Entrevista

Lluís Segura: "El Govern pide a la Infanta que devuelva fondos de Nóos al ser partícipe a título lucrativo"

"No me sorprendió el auto de la Audiencia por el que la Infanta seguirá en el banquillo. El auto está muy bien razonado y argumentado". Manu Mielniezuk

Con los dos anteriores Ejecutivos del Pacto dirigió el Institut d'Estudis Autonòmics. Con el actual, Francina Armengol lo aupó a uno de los puestos más delicados de la Comunidad Autónoma: el de máximo responsable de la Abogacía de la Comunidad. Asegura que desde su nombramiento apenas ha descansado. En siete meses ha tenido que ponerse al día en asuntos que van desde los grandes casos de corrupción a los contenciosos con el Gobierno central por las inversiones estatutarias. Lluís Segura (Palma, 1959) admite que, a pesar del volumen de trabajo, le gusta su nueva responsabilidad. Licenciado en Derecho por la UIB, fue letrado del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya entre 1987 y1991, cuando ingresó en el cuerpo de abogados del Govern.

-¿Cuantos expedientes hay abiertos ahora en Abogacía de la Comunidad?

-En lo que se refiere a pleitos, tenemos vivos más de 2.500 procedimientos judiciales, relativos a todas las jurisdicciones, desde lo social, laboral, contencioso, penal, civil, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas... Son muchos frentes. A eso se le añade la parte consultiva, con informes y asesoramiento al Govern.

-¿De esos 2.500, cuantos son están lo penal?

-Unos 170. Los más importantes son las 10 o 12 que hay de corrupción, que son las más llamativos.

-¿Cuantos fondos ha recuperado el Govern de lo sustraído por la corrupción?

-En los últimos años hemos obtenido sentencias que establecían responsabilidad civil a favor de la Comunidad por valor de 6,9 millones de euros. De ellos, hasta el momento hemos podido ingresar 1.283.000 euros. En algunos casos se ha logrado el cien por cien pero en otros, como el caso Escala por ejemplo, se actúa sobre los bienes que se han localizado. Hay sospechas de que en algún caso puede haber ocultación de patrimonio.

-¿Y en los casos que aún estan en los tribunales, como Nóos?

-En el caso Nóos la Comunidad Autónoma está solicitando por responsabilidad civil unos 2,8 millones de euros. Hay otras causas de corrupción que se están tramitando en las que existen contratos o convenios que, si logramos que se declaren nulos, el importe puede revertir a la Comunidad Autónoma. Hablamos de cantidades millonarias, en algunos casos del orden de 2 millones de euros, como por ejemplo en una de las piezas del caso Voltor. Se trata del importe de los contratos mediante los cuales se habría materializado el delito. Esa misma tesis es la que queremos sostener en el caso Nóos, que el daño consiste en el importe de los convenios y contrataciones ilícitas por las que presuntamente se malversó el dinero por parte de los implicados.

-¿Por qué la Comunidad Autónoma no pidió que la infanta Cristina siguiera en el banquillo de los acusados?

-Porque como parte procesal la Comunidad Autónoma no está legitimada para acusarla por la comisión de hechos que afectan a la Hacienda estatal. En la primera sesión del juicio ya dijimos que nos absteníamos de pronunciarnos. Nuestra posición en este sentido ha sido de neutralidad. Ahora bien, con independencia de la acusación por delito fiscal, en lo que se refiere a la defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma lo importante es que la Infanta usó dinero procedente de hechos delictivos. Por lo tanto, le pedimos que devuelva a la Comunidad Autónoma la cantidad correspondiente por responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo.

-¿De qué cantidad se trata?

-En el caso de Cristina de Borbón son 125.000 euros. A Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres (exsocio de Urdangarin) le reclamamos 120.000 euros, también como partícipe a título lucrativo. A Jaume Matas, Iñaki Urdangarin, Diego Torres y José Luis 'Pepote' Ballester, los principales acusados, les pedimos que entre los cuatro devuelvan a la Comunidad Autónoma 2,8 millones. No obstante, en el caso de Ballester respetaremos su pacto con Fiscalía, por lo que él tendría que devolver menos parte de esos 2,8 millones. Además, nos adherimos a la petición del fiscal en lo que se refiere a la solicitud de penas de prisión.

-¿Le sorprendió que la Audiencia de Palma decidiera mantener a la Infanta en el banquillo?

-No me sorprendió. Creo que el auto de la Audiencia está muy bien razonado y argumentado.

-El actual Govern decidió reestructurar la Abogacía de la Comunidad y una de las medidas ha sido crear un area especial antifraude.

-Se trata de intensificar el trabajo coordinado y en equipo de una serie de abogados que estén pendientes especialmente de los temas de lucha contra la corrupción, fraude de subvenciones o de cualquier otro proceso en el que hay implicado dinero público de la Comunidad Autónoma. Lo forman cinco o seis letrados, que tienen estas tareas como preferentes.

-¿No se solapará con la oficina anticorrupción que dependerá del Parlament?

-No, porque nosotros solo actuamos cuando hay un proceso judicial en marcha. Es una actuación independiente de la que se quiere atribuir a esta oficina, que se centrará en controlar, vigilar, exigir documentación, investigar.... Es una labor paralela y complementaria, pero absolutamente diferente.

-La mitad de la Abogacía de la Comunidad son abogados en comisión de servicios. ¿Esto no crea demasiada inestabilidad?

-Sí. Hemos impulsado dos procesos selectivos, uno de promoción interna para funcionarios del Cuerpo Superior de la administración autónoma, que intentaremos que sea a finales de este año, y el otro abierto a cualquier licenciado en derecho, que esperamos convocarlo el próximo año. En total serán unas diez plazas. Ahora tenemos 19 abogados y del Cuerpo solo somos ocho. No es posible que más de la mitad de las plazas estén ocupadas por profesionales que no hayan pasado un proceso de selección.

-La pasada legislatura se cerró con una gran cantidad de conflictos constitucionales con el Estado ¿En que situación están?

-Están prácticamente todos cerrados, salvo un par de flecos. Hubo una época con un especial celo por parte del Gobierno, con un seguimiento muy riguroso de todas las iniciativas autonómicas. Muchas veces ponían un recurso por un posible riesgo de inconstitucionalidad que no siempre estaba justificado. Además, a veces la propia dinámica del proceso de creación normativa hace que haya enmiendas y rectificaciones de ultima hora, con redacciones pactadas en el último momento que no ha habido tiempo de asegurar que el Estado podía poner objeciones. Muchas veces hay una cierta aceleración que es mala consejera.

-En la pasada legislatura el Govern destacó por la enorme cantidad de decretos leyes que aprobó, con las críticas de los partidos que ahora forman el Ejecutivo y que también están recurriendo a esta figura. El último ha sido el del territorio, que el propio Govern ha tenido que modificar con otro decreto ley para corregirlo. ¿Pidió asesoramiento a la Abogacía de la Comunidad?

-En el caso del primer decreto ley se contó con asesoramiento jurídico externo y la Abogacía no intervino. En el segundo, para corregir determinadas imprecisiones técnicas, sí colaboramos. De todos modos he mantenido en muchas ocasiones que el decreto ley es un instrumento muy delicado, que hay que manejarlo con prudencia. Que el Gobierno del Estado haya dictado 74 decretos leyes en la última legislatura me parece una barbaridad, al igual que el que en la pasada legislatura el Govern aprobara 24 decretos leyes.

-El actual Ejecutivo ya lleva tres.

-Pero los que se han dictado responden a situaciones muy especiales. El primero fue por el recurso del Estado contra la Ley de Comercio. Era una situación muy especial y creo que se actuó con bastante prudencia. En lo que se refiere al decreto territorial, decir que los temas de fragilidad territorial y medioambiental en Balears no son un asunto de extrema gravedad es difícil. A mi no me gusta mucho intervenir en materias territoriales a través de decretos leyes, pero el que se prolongaran determinadas medidas de excepcionalidad y privilegio, pone en riesgo unos valores que merecían esta actuación. Son dos supuestos, el de la Ley de Comercio y el territorial, que creo que estaban justificados, aunque confío en que no se recurra a esta vía con asiduidad.

-Usted ocupa un cargo de confianza político

-Es un cargo híbrido porque mi plaza es de funcionario y el director de la Abogacía tiene que ser a la fuerza un miembro del Cuerpo de la Abogacía del Estado o de la Comunidad Autónoma. Después la designación sí es de cargo de confianza. Estoy aquí porque me lo pidió la presidenta y yo acepté."Con independencia de la acusación por delito fiscal, la Infanta usó dinero que procedía de hechos delictivos"

-¿Dónde está el límite de la obediencia debida a quien le elije?

-No he tenido, en los siete meses que estoy en esta responsabilidad, ningún dilema en este sentido. Actúo con criterios de profesionalidad e independencia. Tengo un magnífico entendimiento con la presidenta y con el conseller de Presidencia, que es mi superior.

-¿A qué se negaría?

-A todo aquello que atente contra principios éticos y deontológicos de nuestra profesión. Pero insisto en que no se me ha planteado ningún dilema en este sentido. Trabajamos con mucho rigor y profesionalidad. Los temas se plantean siempre desde la defensa de los intereses públicos.

-Siempre existe el riesgo de que quien le elija confunda los intereses públicos con los propios.

-Sí, claro. Es una organización jerarquizada en donde ejerces el cargo a partir de una confianza depositada en tí. Siempre hay riesgo de decisiones no compartidas, porque la lógica política y la lógica jurídica no siempre van de la mano. No es algo que haya ocurrido, pero solo concibo mi cargo en el contexto de unos principios de rigor profesional y de defensa de los intereses públicos. Eso no es incompatible con el asesoramiento al Govern y la búsqueda de las soluciones legales que permitan llevar a término la acción de gobierno."Un abogado del Govern no debería ser a la vez diputado. Pueden comprometerse intereses contrapuestos"

-Su predecesora, Antònia Perelló, ahora es diputada del PP. ¿Usted se ve en un escaño en el futuro?

-El que un abogado de la Comunidad Autónoma pueda a la vez ser miembro del poder legislativo me parece que es una regulación que habría que reformar. Lo digo sabiendo que en la legislatura pasada también otra de nuestras letradas, Lourdes Aguiló (PSOE), estaba en el Parlament. Pueden comprometerse intereses que pueden ser contrapuestos en un momento determinado. ¿Cómo se puede participar en una institución que controla al poder Ejecutivo y a la vez ser el representante procesal de ese poder legislativo para defender sus actuaciones? Eso no está bien resuelto. A mí me gusta mi profesión de abogado. No tengo interés en un escaño."Los decretos leyes del actual Govern están justificados, pero espero que no use esta vía con asiduidad"

-¿En qué situación están los contenciosos con el Estado por las inversiones estatutarias?

-El Estado ha mantenido posiciones muy rígidas y ha dictado en algunos casos declaraciones de incumplimiento de los convenios y obligación de reintegro. Mientras están explorando las vías del acuerdo, la Comunidad Autónoma ha tenido que reaccionar y ha impugnado estas resoluciones. Hay un pleito ante la Audiencia Nacional, relativo a Menorca, por 9 millones de euros, en el que ya hemos interpuesto la demanda. El otro es respecto a la Playa de Palma, por 15,6 millones de euros, en donde hemos hecho un requerimiento para que el Estado lo reconsidere. Si no lo hace, lo impugnaremos. El Estado mantiene unas tesis muy estrictas que discutimos jurídicamente. Incluso no encajan bien con la idea de convenio para la financiación. Esto no eran subvenciones, sino convenios para la financiación de Balears.

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