El pleno del Parlament aprobó ayer, en sesión extraordinaria, la proposición de Ley presentada por El Pi por la que se da marcha atrás a los cambios introducidos en la pasada legislatura por el PP en la Ley de Normalización Lingüística, así como la toma en consideración de la propuesta de los partidos del Pacto para que el catalán sea de nuevo un requisito en el acceso a la administración autonómica, después de que el anterior Govern del popular José Ramón Bauzá modificara la Ley de la Función Pública para que el catalán tuviera solo la consideración de mérito.

Dos exconsellers de Administraciones Públicas del Ejecutivo de Bauzá, Núria Riera y Juan Manuel Lafuente, fueron los encargados de defender el rechazo del PP a estas propuestas, que se tradujo en una abstención en la referida a la Ley de Normalización Lingüística y de voto en contra en la toma en consideración de la modificación de la Ley de Función Pública. Ciudadanos también se abstuvo en un caso y votó en contra en el otro.

Los representantes del PP acusaron al Pacto de falta de diálogo y de rechazar la búsqueda de consenso, argumentos que fueron rebatidos por PSOE, Més, Podemos y El Pi recordando el rechazo que generó la política lingüística de Bauzá, que impuso una rebaja en la protección del catalán. Entre los asistentes al debate se encontraba Antoni Pastor, actual vicepresidente de El Pi, quien abandonó la pasada legislatura las filas del PP después de romper la disciplina de voto al pronunciarse en contra de los cambios en materia lingüística del Govern de Bauzá.

La Ley de Normalización Lingüística aprobada ayer por el Parlament establece en su exposición de motivos que "la lengua catalana, como lengua propia de les Illes Balears, continúa siendo una lengua que requiere del apoyo e implicación" de las instituciones de las islas. Añade que "la modificación de la normativa en una cuestión tan sensible siempre se ha de hacer de manera equilibrada, serena y consensuada", algo que no ocurrió con los cambios introducidos por el PP en 2012, por lo que "lo más prudente es regresar a la situación anterior" y recuperar "el pacto que se estableció entre todos los partidos con representación parlamentaria en 1986"

El texto, defendido por Josep Melià (El Pi), resalta el derecho de los ciudadanos de las islas a usar el catalán oralmente, por escrito y en sus relaciones con la administración y establece que el Govern debe asegurar el uso del catalán en todas sus funciones, así como que los topónimos de Balears tienen "como única forma oficial el catalán".

"Es el momento de recuperar el consenso", sostuvo Melià quien resaltó que la finalidad de esta Ley es "potenciar la lengua propia de Balears y darle un régimen jurídico". Para Melià, con esta Ley se devuelve "la dignidad, la identidad y el respeto a nuestra lengua". En el mismo sentido se expresaron los representantes del PSOE, Podemos y Més, cuyas intervenciones estuvieron repletas de críticas al anterior Govern del PP. "Bauzá es la reencarnación de Felipe V en el siglo XXI en Balears", dijo Nel Martí (Més), comparando la leyes impulsadas por el expresident con los Decretos de Nueva Planta.

Lafuente defendió las tres enmiendas presentadas por el PP, que no fueron aprobadas, afirmando que su objetivo es "garantizar el derecho de opción lingüística de cada ciudadano, sin dar primacía a una lengua oficial sobre otra", así como defender el "derecho a no sufrir discriminación por razones lingüísticas". El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, cuyas enmiendas tampoco fueron aprobadas, sostuvo que el debate debería plantearse como "un problema de libertad y derechos, no de lenguas" ya que "las lenguas no tienen derechos, los tienen sus hablantes".

El debate se repitió con la toma en consideración del texto para cambiar la Ley de Función Pública. La popular Nuria Riera sostuvo que el Pacto "no defiende la lengua, sino la derogación por la derogación de todo lo que hizo el PP". Además, acusó al actual Govern de "doble moral" al exigir a los funcionarios el conocimiento del catalán cuando los cargos del Ejecutivo no están obligados. La portavoz socialista, Pilar Costa, rechazó estas acusaciones y sostuvo que el PSOE "en lo que sí esta obsesionado es en derogar leyes que van en contra de los ciudadanos", a la vez que acusó al PP balear de seguir "atrapado por la larga sombra de Bauzá".