El Govern, en colaboración con el Consell, está estudiando cómo resolver la calificación urbanística de los llamados 'falsos urbanos' o 'urbanos zombi'. Se trata de unas 500 hectáreas de terrenos colindantes a los cascos urbanos que el nuevo decreto ley urbanístico del Pacto dejó en un limbo jurídico y sin calificación. Según adelantó ayer la consellera insular de Territorio, la solución al error será declararlos urbanizables, lo que supondrá devolverlas a la calificación que las dejó la Ley Company antes de la nueva norma del pacto de izquierdas.
Estos terrenos eran urbanos, pero la Ley Company de 2014 incluyó una disposición donde apuntaba que todos estos espacios pasarían a ser urbanizables (les rebajaba la categoría urbanística y obligaba a los propietarios a redactar un plan específico para desarrollarlos contando con el beneplácito municipal) si antes de junio de 2015 no habían sido urbanizados.
El decreto ley del Pacto para eliminar las normas más desarrollistas de la época Bauzá apuntaba: "Modificación de dos artículos y redacción de una nueva disposición adicional de la Ley 2/2014 (Ley Company) de ordenación de uso del suelo". Uno de estos artículos es el que hace referencia a los suelos urbanos 'zombi'. Acto seguido, enumera los artículos que serán inaplicables de la Ley Company, incluyendo la disposición de la norma del PP que los declaraba urbanizables. Sin embargo, el Govern no redactó esta nueva disposición adicional para calificar urbanísticamente estos espacios.
El Ejecutivo publicó una corrección de errores del decreto, pero solo se limitó a eliminar del texto que emitiría una nueva disposición adicional para calificar urbanísticamente este suelo. Ahora los juristas del Govern y del Consell están estudiando la mejor fórmula y, según el Consell, será volver a la calificación que le otorgó la Ley Company impulsada por el PP.
El error se produjo a raíz de una disputa intenta entre los socios del Pacto de Izquierdas mientras negociaban el citado decreto ley. El Govern, a propuesta del Consell de Mallorca, había incluido una propuesta donde este tipo de terrenos que están rodeados de suelo urbano y con una extensión máxima de 1,5 hectáreas se considerasen urbanos. Los colindantes a los cascos urbanos quedarían como urbanizables o rústicos.
No obstante, desde Podemos Eivissa se negaron a aceptar esta recalificación. La formación de los círculos temía que la propuesta del Consell de Mallorca abriera la puerta a la polémica urbanización de ses Variades en Sant Antoni, en Eivissa. Esta disputa propició que el Govern dejara en el aire esta problemática hasta la redacción de la nueva Ley del Suelo prevista para el año 2017.
El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, apuntó que en todo caso "estos terrenos podían desarrollarse mediante una modificación puntual del Plan General o de las Normas Subsidiarias a instancias de los ayuntamientos". Según Barceló, es cierto que su tramitación sería más farragosa y larga, pero siempre tendrán una viabilidad urbanística. El vicepresidente del Govern comentó que el Ejecutivo pretende acelerar al máximo la nueva Ley del Suelo para que esté tramitada y aprobada dentro de este mismo año. Ello solventará todos estos problemas y eliminará las normas desarrollista de la época Bauzá.
No obstante, técnicos municipales consultados por este periódico apuntaron que por una parte han sido modificados los artículos sobre la calificación urbanística de estos terrenos, pero por la otra el Govern dice que son inaplicables. Los juristas y los arquitectos municipales aseguraron que no saben qué respuesta dar a sus propietarios cuando les consultan en qué situación están los terrenos.
