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Caso Voltor

La excúpula de UM negocia un pacto para un macrojuicio

Munar, Buils, Flaquer y Nadal y otros catorce encausados más se enfrentan a un total de 92 años de cárcel por usar fondos públicos del Consell de Mallorca para su red de captación de votos

Maria Antònia Munar, en los juzgados. Manu Mielniezuk

­La antigua cúpula de Unió Mallorquina (UM), con María Antònia Munar, Francesc Buils, Miquel Àngel Flaquer y Miquel Nadal al frente, está negociando con la fiscalía anticorrupción la firma de acuerdos para minimizar las elevadas condenas a las que se enfrentan en una macrocausa, que será juzgada por la Audiencia de Palma a finales del próximo febrero y que es una pieza separada del caso Voltor. Los principales acusados quieren reducir sus penas en un caso, donde ya existen varios importantes arrepentidos y mucha prueba documental.

Los 18 acusados (para los que se reclaman 92 años de prisión) están encabezados por la expresidenta de UM y del Consell Maria Antònia Munar, a la que se considerada la “directora” de una asociación ilícita u organización criminal dedicada a desviar fondos públicos para beneficiar a ese partido. Munar, en prisión por otros casos de corrupción, afronta una petición de condena de 8 ó 10 años de cárcel, según las acusaciones del fiscal o del Consell de Mallorca.

En el segundo escalón de la red criminal estarían el trío formado por Miquel Àngel Flaquer, Miquel Nadal y Francesc Buils, estos dos últimos también encarcelados. Los tres afrontan 7,5 años ó 10 años de cárcel, según la acusación.

El tercer nivel

En el tercer nivel se situarían, dos arrepentidos, Eugenio Losada y Eugenia Cañellas, así como Antonia Vidal, Susana Mas, María José Rodríguez, Pep Lliteras, Mateo Cañellas, Cati Julve, Antonio Segura, María Esperanza Massanet, Coloma Castañer, Pedro Mir, Antonio Moragues y Lucas Colom.

Para estos acusados la fiscalía reclama condenas de entre 2 años y 6 meses y 5 años y 10 meses.

Losada, defendido por Francisca Pol, y Cañellas, están acusados de asociación ilícita (6 meses de prisión) y malversación y prevaricación (otros 2 años y 3 meses de privación de libertad). Losada, gerente hasta febrero del 2010 del Cilma (Consorcio Informático del Consell de Mallorca), ha aportado numerosas pruebas de la contratación de personas afines a UM y que nunca trabajaron para esa entidad.

Eugenia Cañellas, que en su día facilitó a los investigadores un completo informe con correos electrónicos, otros documentos y una pormenorizada agenda de todas las contrataciones irregulares, acusó al vicepresidente del Consell de Mallorca entre 2003 y 2007, Miquel Nadal, de ser el jefe de la presunta red. Ella fue secretaria general técnica de la conselleria de Nadal.

Según la arrepentida, varios dirigentes y cargos de UM le pidieron que colocara a dedo a sus protegidos, pero siempre la última decisión en esa materia pasaba por el conseller Nadal y su secretaria personal Antònia Vidal.

Algunos de los supuestos beneficiados por estas prácticas, como Margarita Belman y Antonio Baró, reconocieron que cobraron del consorcio, pero se dedicaron a tareas electorales de UM. También aparecen entre los colocados Luisa Tortella, una ahijada de la expresidenta de UM Maria Antònia Munar, así como varios colaboradores de ese partido de origen argentino y que hicieron campaña para Nadal en las elecciones de mayo del 2007.

Mateu Cañellas

Frente a los acusados que mantienen contactos con la fiscalía de cara a un acuerdo, destacan otros que defienden su total inocencia, como el exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas.

Este imputado afirma ser víctima de un complot para incriminarle, una trama orquestada por Miquel Nadal, Eugenia Cañellas y un policía. En este sentido, el juez ha decretado el archivo del caso Maquillaje para Mateu Cañellas por falta de pruebas y a petición del fiscal anticorrupción Juan Carrau.

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