La Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que se inhibe de la investigación por el atentado terrorista cometido por ETA en Palmanova, el 30 de julio de 2009, en el que murieron dos agentes de la Guardia Civil, y traslada todo el caso al juzgado de Palma.
Esta decisión obliga a la juez que intervino inicialmente en las primeras diligencias, que se limitaron a ordenar el levantamiento de los cadáveres y a que se realizaran las autopsias, a asumir dicho caso, a pesar de que se trata de una investigación por un atentado cometido por una organización terrorista. Hasta el pasado viernes el juzgado de Palma no había recibido ninguna documentación, ni tampoco tenía conocimiento oficial de la decisión de la Audiencia Nacional por la que se inhibía de dichas diligencias.
Aunque ya han pasado casi siete años desde que ETA matara a los guardias civiles Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada, que murieron al explotar una bomba colocada en el vehículo que iban a utilizar, de momento no se sabe el nombre de los terroristas que cometieron este brutal atentado. Sin embargo, la investigación apuntaba hacia la intervención de un etarra que a finales del pasado año había sido expulsado de Francia y que había sido reclamado por la Audiencia Nacional. Se trata de un exdirigente de la organización Aitor Elizarán, que se encuentra en libertad y que está implicado en estos momentos en una causa por un delito de lesa humanidad. Los padres del guardia civil mallorquín, Diego Salvà, decidieron precisamente recusar a la magistrada que ordenó la puesta en libertad de este dirigente terrorista.
La magistrada que ha decidido inhibirse de la investigación del último atentado mortal cometido por ETA ha sido Carmen Lamela. Su juzgado había asumido la investigación, no solo del crimen cometido en Calvià, sino de otras cuatro acciones terroristas cometidas en diferentes provincias españolas. La juez, aplicando la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que se aprobó en octubre para agilizar la justicia penal, entiende que no se pueden acumular las causas cuando no existe una conexión entre ellas. Además del etarra Elizarán, el juzgado había procesado a otras cuatro personas por estos atentados. Sin embargo, la juez entiende que no se ha apreciado "ningún nexo de conexión" entre las cinco acciones terroristas, que justifique que la investigación se centralice en un único juzgado. Por ello, decide inhibirse a favor del juzgado de Palma.
Declaración
Si se confirma este auto, el juzgado de Palma se vería obligado a asumir toda la investigación y, lógicamente, tomar declaración a los cinco procesados, entre ellos el exdirigente etarra Elizarán, que hace pocos meses fue expulsado de Francia.
Podría darse la circunstancia que la juez de Palma se oponga a asumir este caso, al entender que un juzgado de instrucción no es el órgano adecuado para hacerse cargo de este tipo de asuntos directamente relacionados con la actividad terrorista. Si se adopta esta decisión tendrá que ser el Tribunal Supremo el que resuelva este conflicto de competencia.
El asesinato de Palmanova fue el último atentado mortal que ha cometido la organización terrorista antes de su desaparición. Los asesinos colocaron un artefacto en dos vehículos, pero solo uno de ellos estalló. Explosionó la bomba que se había colocado en el coche que se solía estacionar frente al cuartel provisional de Palmanova. El explosivo se accionó en el justo momento en el que los dos agentes se acercaban al coche, lo que provocó su muerte al instante.
Esa misma jornada los artificieros localizaron un segundo artefacto en un vehículo patrulla de la Guardia Civil, que estaba estacionado por una avería justo enfrente del otro cuartel de Palmanova. Se realizó una explosión controlada, sin víctimas, pero antes se pudo fotografiar la bomba para estudiar sus características.
La organización armada reivindicó la acción terrorista. Sin embargo, hasta la fecha los servicios de Información no han podido recabar las pruebas suficientes para determinar el nombre de los terroristas que colocaron la bomba, ni tampoco los que ordenaron este atentado en Mallorca.
Si se confirma este auto de la Audiencia Nacional, en el caso hipotético de que en un futuro las fuerzas de seguridad detengan a los autores del doble asesinato, debería ser el juzgado de Palma el que les tomara declaración. Varios atentados con víctimas cometidos por la organización terrorista se han resuelto muchos años después de cometerse los hechos. Por tanto, no se descarta que en un futuro se pueda conocer los nombres de los asesinos que colocaron las bombas en los vehículos policiales, matando a dos guardias civiles y sembraron el pánico en Mallorca.
