Antes que nada, que no cunda el pánico: esta temporada Mallorca va a estar más llena de turistas que nunca, pero salvo sequía galopante o accidente mayor, habrá agua y electricidad para todos. Otra cosa es si quedará oxígeno. O si las depuradora y los servicios de limpieza darán abasto, que ya el año pasado se vio que no. Pero agua y luz habrá. Aclarado esto, ha llegado la hora de plantear un debate mayor. Imaginen si es importante que los hoteleros, los ecologistas y el Govern del pacto entre PSOE, Podemos y Més están de acuerdo en que hay que abrirlo: tanto los empresarios como los gestores políticos de las islas trabajan ya en un techo de plazas, o traducido, un número máximo de alojamientos autorizados para turistas. La razón la resumen a la perfección en el equipo del vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló: "Estamos llegando al límite de turistas que podemos asumir".
Hasta aquí las razones de consenso, el resto es todo polémica. Los hoteleros pretenden que ese techo de plazas congele la radiografía turística actual. Es decir, que no se autorice la puesta en el mercado de forma legal de las más de 100.000 plazas de alquiler turístico que ya están en el mercado de forma alegal. Es decir, los hoteleros plantean seguir siendo los que controlen el negocio del alojamiento. Es decir, su techo de plazas no verá la luz con este Govern.
Porque este Govern, como confirma el vicepresident Barceló, lleva meses trabajando en un techo de plazas, pero lo hace mirando intereses más allá de los hoteleros: quieren regular el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares de zonas residenciales (los pisos de Airbnb y compañía) para que dejen de estar en un limbo legal, y a partir de ahí cobrarles el nuevo impuesto turístico (la ecotasa renacida) y planificar los servicios públicos necesarios y los cupos de turistas asumibles en cada zona.
En la pugna están en juego muchos millones de euros. Miles. Los alrededor de 7.000 que mueve cada año el alojamiento turístico en las islas. A día de hoy, la inmensa mayoría de ese dinero pasa por las manos de los hoteleros, que gestionan en Mallorca unas 200.000 plazas, más o menos las mismas que en 1989, cuando se paralizó el aumento cuantitativo de la industria hotelera. Desde entonces, para abrir una nueva habitación de hotel, antes hay que cerrar otra (salvo excepciones como hoteles urbanos, o los de cinco estrellas, por ejemplo). A esas 200.000 plazas hoteleras hay que sumarle las alrededor de 200.000 que se le atribuyen al alquiler turísticos. Se le atribuyen, porque, apenas el 30% de esas plazas están hoy regladas, según calculan en la asociación que agrupa a los propietarios de viviendas de arrendamiento turístico (Aptur). Y esa es la cifra clave de la polémica. Cundo los hoteleros hablan de techo de plazas, se refieren a que no quieren que esas 130.000 viviendas de alquiler que hoy operan en la alegalidad tengan prohibido alquilar para uso turístico.
El Govern, en cambio, pretende analizar en qué zonas y en qué cantidad son asumibles esos alquileres. "Vamos a hacerlo todo junto, en la reforma de la ley turística", aclara Barceló, que ya ha empezado los contactos con los consells y algunos ayuntamientos para busca la mejor fórmula. Lo que planean es que en la misma ley quede regulado el alquiler turístico y se marque un techo de plazas.
Congelación hotelera
El vicepresident además quiere regular esas excepciones en las que se ha permitido abrir nuevas plazas de hotel sin retirar al mismo tiempo antiguas habitaciones. Y eso es todo un aviso a los hoteleros, ahora que reclaman un techo de plazas para los demás. "Entre las excepciones [en las que se permiten plazas adicionales de hotel] están los nuevos hoteles urbanos, pero es que los Platja de Palma tienen consideración de hoteles urbanos, y eso no tiene sentido. Hay que poner orden".
Así que techo de plazas sí, pero no al gusto hotelero. Eso le gustará más al tercer actor implicado, que es el que más base social tiene: el alquiler turístico y sus miles de arrendadores particulares, que gracias a internet se han convertido en algo así como microhoteleros, solo que sin pagar las licencias de actividad de los hoteleros, por ejemplo. Pues bien, a esto también le quiere meter mano el Govern, aunque no para prohibir sistemáticamente, como se hizo en tiempos del PP de Bauzá, sino para establecer unas reglas claras para el negocio.
¿Están los propietarios de pisos dispuestos a que se les regule? Es lo que llevan años pidiendo, como vuelven a hacer en este debate. Su portavoz, Joan Estarellas, se une al análisis con dos cuestiones de peso. Primera: duda que sea legal establecer un techo de plazas turísticas. Segunda: si lo fuera, habría que establecerlo para todos, no solo para los apartamentos turísticos hoy alegales, esos 130.000 en Mallorca que calcula la asociación que los representa.
Así que el debate está servido. Y todos los implicados saben que esta vez no hay opción de esconderse: la capacidad de las islas, como se vio el verano pasado, está llegando a su límite. Si no lo ha sobrepasado ya.
