El Govern se enreda con el catalán. Uno de los principales acuerdos de gobernabilidad del Pacto, devolver a la lengua autócnona el estatus suprimido por José Ramón Bauzá, se le ha atragantado al Govern de Francina Armengol sin que nadie sepa muy bien quién es el responsable, y por qué.
Ante la demora del gabinete Armengol en ejecutar lo prometido han tenido que ser los partidos los que actúen, el tripartito de izquierdas por un lado, y El Pi por el otro. Gracias a sus iniciativas, el martes que viene el Parlament ya podrá iniciará los trámites para aprobar los cambios legales necesarios y que el catalán vuelva a ser un requisito para acceder a una plaza de funcionario. Con todo, todavía deberá pasar mes y medio aproximadamente para que la medida cobre vigencia.
El desalojo de Bauzá del poder y la llegada de la izquierda marcó el inicio de un vuelco en muchas políticas de la pasada legislatura, una de las más importantes, las lingüísticas. En medio de una fuerte polémica, el expresidente del Govern del PP hizo aprobar en julio de 2012 un nuevo marco legal por el que la lengua catalana pasaba a ser solo un mérito para acceder a la Función Pública. Estos cambios también implicaron que el catalán perdiera su supremacía en el ámbito de la Administración pública y sus relaciones con los ciudadanos, pasando a compartir el mismo rango con la castellana.
Nada más iniciar su mandato, la presidenta Francina Armengol anunció que se revertiría de inmediato esta situación, para regresar al consenso histórico de todas las fuerzas políticas de Balears en torno a la ley de Normalización ligüística de 1986.
Julio de 2015
Dicho y hecho. En el consejo de gobierno del 24 de julio del año pasado -uno de los primeros del nuevo Ejecutivo del Pacto- se anunció que empezaba a andar el anteproyecto para modificar la ley de Bauzá. El objetivo primordial, que el conocimiento de la lengua catalana para el acceso de la función pública y para la provisión de puestos de trabajo de Balears volviera a ser un requisito.
En septiembre, la consellera competente para esta modificación, Catalina Cladera, compareció junto al portavoz Marc Pons y ambos afirmaron que la reforma legislativa era inminente. Lo cierto es que se acercaba el fin de 2015 y “no se había movido un papel en la Conselleria para que el catalán volviera a ser obligatorio”, asevera rotundo un alto cargo de la Comunidad que ha seguido el tema.
Ante tanto retraso, los grupos parlamentarios de izquierdas se reunieron y acordaron actuar cuanto antes. El 14 de diciembre registraban una proposición de ley para que el catalán recupere el estatus de antes de Bauzá; acordaron convocar para el martes que viene un pleno extraordinario para su toma en consideración, y así acelerar la tramitación de una vez por todas. En lugar de llevar la firma de Armengol -preceptiva si se hubiera tratado de un proyecto de ley que aprueba el Govern- en la proposición está la de los portavoces de Podemos, Més y la diputada por Formentera (grupo mixto) Sílvia Tur. También figura la de la socialista Pilar Costa, a cuyo partido pertenecen los consellers Cladera y Pons.
Por otro lado, Govern y Pacto aprovecharán que desde el 30 de julio de 2015 hay presentada una proposición de ley en este caso de El Pi para revocar también los cambios de Bauzá en la ley de Normalización lingüística. PSOE, Podemos y Més votarán el martes a favor del texto de El Pi -que les ha ido como anillo al dedo-, y de este modo las dobles nomenclaturas (como Maó/Mahón) que aprobó el PP regresarán solo a la denominación en catalán.
“Lo hemos tenido que hacer así porque el Govern estaba tardando mucho, ya había pasado medio año y a ese ritmo el tema se hubiera alargado todavía mucho más”, reconoce un diputado del Pacto. Una de las causas de la tardanza, esgrimen desde el Govern, es la complejidad burocrática para suprimir con todas las garantías el llamado Nivel 33 -el complemento retributivo para los funcionarios que han sido altos cargos- definitivamente. Desde el uno de enero de este año solo se ha congelado su abono, pero la promesa de Cladera es eliminar el derecho al cobro de la nueva ley de Función Pública.
Así las cosas, al no hacer el Govern sus deberes a tiempo la ley de Función Pública tendrá que reformarse dos veces en este mismo año: la primera, con la modificación que se iniciará el martes próximo; la segunda, cuando el Ejecutivo presente el nuevo texto con la supresión del Nivel 33 y otros cambios.
