La denominada Ley Company, que permitía regularizar las viviendas ilegales levantadas en suelo rústico, ha puesto en evidencia que Pollença es uno de los municipios de Mallorca con una mayor concentración de edificaciones irregulares, según se destaca desde el colegio de aparejadores de la isla. Otras tres poblaciones se suman a esta lista: Llucmajor, Alcúdia y Santanyí.
Los datos facilitados por este organismo ponen de relieve que de los 611 proyectos de viviendas unifamiliares visados durante el pasado año, más de un tercio (en concreto 223) no son nuevas edificaciones, sino procesos de regularización que se han acogido a la normativa antes señalada y elaborada por el anterior Govern del PP.
Cuando se analiza la lista de visados por municipios, esta situación se pone de manifiesto. En concreto, esas regularizaciones han convertido en Pollença en la zona con mayor número de visados (99), lo que obviamente no se corresponde con la demanda de nuevas construcciones y refleja el elevado número de unifamiliares que se desarrollaron de forma ilegal en torno a la Albufera y que se han querido regularizar.
Santanyí aparece en segundo lugar, con 59 visados, y la explicación es la misma, según se apunta desde el citado colegio profesional, con un peso muy elevado de las regularizaciones. El tercer puesto vuelve a recaer sobre un municipio que aparece en el ranking del urbanismo ilegal en rústico, como es el caso de Santanyí, con 52 visados de unifamiliares.
El caso de Calvià
El municipio que ocupa el cuarto puesto por lo que a visados de chalés se refiere es Calvià, con 37, pero en este caso se pone de relieve que priman los proyectos de nuevas construcciones. Hay que recordar que desde la patronal de promotores se señala la zona de Ponent como una de las que más interés despierta entre los extranjeros a la hora de hacerse con una residencia unifamiliar, apartado en el que también se incluye a Andratx.
Manacor ocupa el quinto puesto, con 34 proyectos visados para la futura edificación de chalés, seguido de Palma, con 29. A continuación se pueden citar los casos de Campos, con 23; Andratx, con 21; y Santa Margalida y Bunyola, ambos con 17.
Alcúdia presenta 16 proyectos visados, aunque los aparejadores señalan que buena parte de ellos corresponden a legalizaciones de edificaciones irregulares.
Hay que recordar que el pasado día 12 el Govern celebró una reunión extraordinaria para aprobar el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística que, entre otros puntos, elimina la posibilidad de proceder a estas regularizaciones contempladas en la ley del suelo promovida por el exconseller Biel Company.
El presidente de los aparejadores, Ignacio Martínez, señala que en su opinión es un error poner fin a este proceso de legalización, dado que se trata de construcciones ya existentes que para normalizarse debían de pagar una multa al ayuntamiento correspondiente, mientras que ahora se las devuelve a un 'limbo'.
