El Consell de Govern acordó ayer autorizar a la dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el real decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
El portavoz del Ejecutivo, Marc Pons, justificó el recurso en que "el Govern no está de acuerdo con que a la profesión enfermera se le niegue la capacidad de prescribir cosas tan básicas como una gasa o betadine. Por eso hemos instado a la abogacía a que recurra este real decreto".
Como se recordará, esta norma, en vigor desde el pasado 23 de diciembre, establece que los médicos, los odontólogos y los podólogos son los únicos profesionales con facultad para recetar. Los enfermeros, a pesar de tener la misma formación en farmacología acreditada por el ministerio de Educación que los odontólogos y los podólogos, no pueden administrar legalmente ningún medicamento ni producto sanitario, si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo de práctica clínica a seguir.
