Menos mal que Cristina de Borbón no era la protagonista principal del caso Infanta, porque solo se habla de ella. De 18 acusados, la más insignificante absorbió la práctica totalidad de la jornada inicial. En el banquillo se sientan linajes postineros como Matas o Urdangarin, que deberían protestar por la discriminación aunque solo fuera en atención al baremo de las penas solicitadas.
En el elemental recuento de fuerzas, la Infanta estuvo representada en la sede del proceso por tres abogados privados, dos fiscales supuestamente públicos y la dirigente de la abogacía del Estado. Debería agregarse el acorazamiento policial, absolutamente desproporcionado y encargado de transmitir el mensaje de que "no saben ustedes a quién están juzgando".
El contrapeso a este blindaje radicaba en una sola abogada acusadora, amén del arbitraje del tribunal. La relación es tan escandalosa, que cuesta creer que la Infanta permaneciera en el banquillo durante todo el día. Debió ser exclaustrada a media mañana entre reverencias y con una estruendosa ovación complaciente de todos los asistentes.
A tenor del ramillete de catedráticos, padres de la Constitución, abogadas del Estado y fiscales empecinados en la canonización de Cristina de Borbón, era de suponer que el grueso de la ciudadanía estaría persuadido a estas alturas de que se cometió un error monumental al sugerir que el caso Infanta estaba vinculado a la Infanta.
Antes al contrario, los servidores de Cristina de Borbón han protagonizado un ridículo social sin precedente en anteriores escaramuzas. La doctrina Botín es una pésima marca, según debieron advertir los conjurados de la Zarzuela tan generosamente representados ante la Audiencia balear.
Al grito de que para salvar a una vulgar Infanta, hay que condenar a toda la humanidad, la abogada del Estado logró que retrocediera dos décadas la mentalización progresiva de los ciudadanos sobre el pago de impuestos. La palidez y los sudores de Pedro Horrach trascendieron con mayor reverberación que su acostumbrado discurso de acusación a todo el que acuse a la Infanta. Los signos de la victoria de Silva y Roca a la salida son comprensibles después de una victoria en la Champions, pero inusuales en los siempre circunspectos letrados de un proceso penal en el que se dirime una estafa de seis millones de euros a los contribuyentes.
Por el bien de la Infanta, dejen de defenderla con términos impropios. "Calvario", "pesadilla" o "desigualdad ante la ley" no son conceptos instalados en el inconsciente colectivo para explicar la vida en Suiza de un miembro de la Familia Real. Documentos esotéricos de abstruso origen carecen ya de impacto. Reseñar que la Infanta "solo" habría defraudado 300 mil euros, ahonda en el infeliz "Hacienda no somos todos". Esa cantidad equivale a quince años de sueldo medio de un trabajador, religiosamente declarados. Si la mayoría social no entiende la inocencia de la Infanta, se abren dos opciones. Una de ellas estipula que la masa es beocia, pero hay otra.
